Morelia, Michoacán, a 14 de julio de 2026.- Isabel Corona, madre de familia y vecina de Zacapu, denunció públicamente lo que califica como un cúmulo de irregularidades cometidas por el Juez Séptimo de Distrito en un caso de pensión alimenticia que involucra a su hija menor de edad.
En entrevista con medios locales, Corona explicó que el conflicto se remonta al 2019 y tiene como origen un retroactivo de pensión, es decir, el pago de los meses o años en que el padre de la menor no cubrió la pensión, por un monto acumulado cercano a los 100 mil pesos, ordenado por una autoridad judicial superior.
De acuerdo con su relato, ya se había iniciado el procedimiento de embargo contra el padre de la niña, pero el Juez Séptimo autorizó la suspensión del pago y fijó una cantidad mínima de 5 mil 400 pesos como presunta reparación.
"Él, al momento nosotros ya teníamos para hacer el embargo al papá de mi niña y de un día para otro, él autoriza la suspensión", denunció.
Isabel Corona insistió en que el juez, con esa determinación, suspendió de facto el derecho de su hija a recibir la totalidad del retroactivo, violentando una orden emitida por un magistrado.
La madre de familia afirmó que el actuar del juez constituye una omisión grave que perjudica directamente los derechos de una menor.
Agregó que su hija se encuentra bajo protección de la Fiscalía por la violencia que ha sufrido por parte de su padre, y que actualmente la menor no cuenta con pensión alimentaria para 2025 y 2026.
Isabel Corona aseguró que no recurrirá al Tribunal de Disciplina Judicial para interponer una queja, sino que procederá con una denuncia penal directa contra el juzgador, a quien consideró sin conocimiento de las leyes debido a su actuar.
"Yo no denuncio ante el tribunal porque no le hacen nada; yo denuncio penalmente", afirmó.
En su denuncia, Corona también apuntó contra lo que describe como una red de influencias políticas que, a su juicio, habría favorecido las decisiones del juez, entre ellas autoridades municipales de Zacapu.
La madre relató que ha librado una batalla legal desde hace siete años. Según su testimonio, en 2019 le quitaron a su hija por un año, y fue hasta que llevó a juicio al juez de Zacapu que logró la restitución.
Hoy, la menor continúa bajo su cuidado, pero sin recibir la pensión que por derecho le corresponde.
Recordar que es el Juzgado Séptimo de Distrito quien tuo a su cargo el juicio de amparo promovido por Sergio Carmelo Domínguez Mota, a quien le otorgó una suspensión que dejó sin efectos la decisión del Consejo Universitario de separarlo temporalmente de la dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.









