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MensajearCiudad de México, a 14 de julio de 2026.- El reciente asesinato de un conductor de la plataforma DiDi, presuntamente cometido por tres adolescentes de 13, 15 y 16 años, volvió a encender el debate nacional sobre la responsabilidad penal de menores de edad involucrados en delitos de alto impacto.
En este contexto, la activista Dora Luz Espinoza hizo un llamado público para que el Gobierno de México retome la discusión de la denominada "Ley Leyla", una iniciativa que busca reformar el sistema de justicia para adolescentes cuando estos participan en crímenes de extrema gravedad.
A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, Espinoza cuestionó: "¿Cuántas víctimas más hacen falta para que la ley cambie?", al señalar que la propuesta fue entregada hace varios meses a la Presidencia de la República sin que hasta el momento exista una reforma aprobada.
La activista recordó que la iniciativa nació a partir del caso de Leyla Monserrat, una adolescente asesinada en Sonora, cuyo feminicidio motivó la exigencia de modificar la legislación vigente para que los menores que cometan delitos como homicidio doloso, feminicidio, secuestro y extorsión enfrenten sanciones más severas, aunque sin ser juzgados como adultos ni dejar de respetar el debido proceso y los derechos humanos.
En su mensaje, Espinoza sostuvo que el incremento de casos donde adolescentes participan en hechos violentos obliga a replantear si el marco legal actual continúa siendo suficiente para garantizar justicia a las víctimas y proteger a la sociedad.
Asimismo, afirmó que organizaciones criminales podrían aprovechar el régimen especial de justicia para adolescentes para reclutar menores de edad, debido a que conocen las diferencias entre las sanciones aplicables a ellos y las previstas para personas adultas.
"No se trata de criminalizar a todos los adolescentes", expresó la activista. "Se trata de que quienes cometen delitos de extrema violencia enfrenten consecuencias acordes con la gravedad de sus actos".
El pronunciamiento surge luego del caso que conmocionó al país por el asesinato de un conductor de DiDi, quien, de acuerdo con la información difundida por autoridades y medios de comunicación, habría sido víctima de un robo en el que presuntamente participaron tres adolescentes. El hecho volvió a colocar sobre la mesa la discusión acerca de la utilización de menores por parte de grupos delictivos y la eficacia del actual Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
De acuerdo con la propuesta conocida como Ley Leyla, se pretende aumentar las medidas de internamiento para adolescentes responsables de delitos de alto impacto, manteniendo el enfoque de reinserción social, pero estableciendo consecuencias consideradas más proporcionales a la gravedad de las conductas cometidas.
Hasta el momento, la iniciativa no ha sido aprobada a nivel federal; sin embargo, ha sido presentada para su análisis y ha impulsado un debate entre legisladores, especialistas en derechos humanos, organizaciones civiles y familiares de víctimas sobre el equilibrio entre la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y el acceso a la justicia para quienes sufren delitos de extrema violencia.
