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MensajearApatzingán, Mich., a 27 de diciembre de 2025.- Lejos de abrir canales de diálogo o atender las peticiones que detonaron el conflicto, el gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Fanny Arreola Pichardo optó por judicializar y criminalizar la protesta de trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Apatzingán, al citarlos para levantarles actas administrativas por una supuesta “toma violenta” del Palacio Municipal.
Los citatorios, firmados por el síndico municipal Francisco Aguilar Rodríguez, acusan a los empleados afiliados al Sindicato Único de Empleados al Servicio del Municipio de Apatzingán (SUESMA) de haber protagonizado una acción violenta los días 4 y 5 de diciembre; sin embargo, no existen reportes oficiales de agresiones físicas, enfrentamientos con fuerzas de seguridad ni personas lesionadas durante esa protesta laboral.
De conflicto laboral a persecución administrativa
La ocupación del Ayuntamiento fue una medida de presión colectiva ante la falta de pago de prestaciones, la negativa del Ayuntamiento de reconocer los derechos de una madre trabajadora, y la negativa reiterada de la alcaldesa Fanny Arreola a sostener una mesa de diálogo, según han denunciado los propios trabajadores. No obstante, la administración municipal decidió reencuadrar el conflicto como una falta grave, trasladándolo del terreno laboral al disciplinario.
Especialistas en derecho laboral advierten que calificar de “violenta” una protesta antes de escuchar a los trabajadores vulnera principios básicos de imparcialidad y derecho de audiencia, además de abrir la puerta a sanciones que podrían interpretarse como represalias por el ejercicio de derechos sindicales.
Una narrativa que criminaliza
La estrategia del gobierno de Fanny Arreola no es menor: en un municipio golpeado históricamente por la violencia, usar el término “toma violenta” tiene una carga simbólica y política poderosa, pues asocia a trabajadores sindicalizados con prácticas delictivas, pese a que su protesta tuvo un origen estrictamente laboral.
Para los sindicalizados, el mensaje del Ayuntamiento es claro: en lugar de resolver los adeudos heredados y asumir responsabilidades administrativas, la alcaldesa prefiere señalar y castigar.
Gobierno ausente, autoridad punitiva
Hasta ahora, Fanny Arreola no ha dado una explicación pública clara sobre por qué su administración optó por citar a los trabajadores en vez de presentar un plan de pago o una propuesta de solución. La ausencia de diálogo contrasta con la rapidez con la que se activaron procedimientos administrativos contra empleados de base.
El conflicto, lejos de cerrarse, amenaza con escalar a tribunales laborales, lo que podría significar un nuevo desgaste político para una administración ya cuestionada por su manejo de la gobernabilidad municipal.
Mientras se levantan actas y se citan trabajadores, los adeudos laborales continúan sin resolverse. Para el SUESMA, las acciones del Ayuntamiento confirman que el problema no es la protesta, sino la falta de voluntad política de la alcaldesa para enfrentar el conflicto de raíz.
