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MensajearApatzingán, Mich., a 30 de junio de 2026.— En una de las intervenciones más duras y confrontativas que se han escuchado en el actual Cabildo de Apatzingán, la regidora Carmen Zepeda Ontiveros convirtió la discusión sobre el informe de avance del Plan Municipal de Desarrollo 2024–2027 en una ofensiva política directa contra integrantes del gobierno encabezado por la alcaldesa Fanny Arreola.
La sesión, realizada este martes y presidida por el síndico municipal ante la ausencia de la presidenta municipal, escaló rápidamente de la revisión administrativa a señalamientos sobre seguridad, recaudación, obra pública, patrimonio de funcionarios y presuntas irregularidades que, según la regidora, deberían ser investigadas.
Desde el inicio de su participación cuestionó la narrativa oficial sobre los avances de gobierno y puso en duda que la percepción ciudadana corresponda con los resultados que presume la administración.
Uno de los momentos más explosivos ocurrió cuando dirigió sus críticas al área financiera del Ayuntamiento y lanzó señalamientos sobre el patrimonio del tesorero municipal.
La regidora afirmó que ya habían acudido a revisar una propiedad que se construyó presuntamente con recursos públicos y sostuvo que existen elementos que, según dijo, ya fueron puestos ante Contraloría. En tono irónico, declaró que por la forma en que ha administrado sus ingresos, deberían llevarlo a dar conferencias universitarias sobre administración.
La regidora no presentó pruebas durante su intervención pública ni se expuso documentación en la sesión, pero sostuvo que sus señalamientos ya habían sido denunciados ante instancias internas.
La seguridad fue otro de los ejes de choque. Carmen Zepeda cuestionó que previamente se hubiera sostenido que la seguridad no corresponde al municipio y contrastó ese argumento con hechos recientes de violencia registrados en la región. También criticó un episodio policiaco ocurrido días antes donde policías abrieron fuego para dispersar una multitud y sostuvo que Apatzingán terminó exhibido a nivel nacional.
Sin embargo, el momento más severo llegó al abordar la obra pública. Ahí acusó que existen diferencias en la calidad de las obras ejecutadas por la administración y llamó a ciudadanos a revisar físicamente algunas de ellas. En ese contexto lanzó una de las frases más duras de toda la sesión al afirmar:
“Ojalá los auditen, ojalá vayan a la cárcel por rateros”.
La expresión fue pronunciada como parte de su posicionamiento político durante la sesión y no estuvo acompañada de resoluciones judiciales ni determinaciones oficiales que acrediten delitos.
La regidora también abrió un frente sobre la recaudación municipal. Señaló falta de rendición de cuentas respecto de ingresos derivados de actividades y eventos locales y afirmó haber recibido reportes de terceros sobre presuntos cobros irregulares, aclarando en uno de los casos que no estaba formulando una acusación directa porque no presenció personalmente los hechos y pidió que fueran investigados.
En su intervención insistió en que la ausencia de transparencia alimenta sospechas sobre el destino de los recursos públicos y sostuvo que el gobierno municipal debe ofrecer explicaciones más amplias sobre el manejo financiero.
En la sesión, no se dio respuesta pública inmediata a los señalamientos realizados por la regidora ni se presentaron resoluciones oficiales que confirmen las acusaciones expuestas.
Lo que sí quedó claro es que el informe municipal terminó convertido en un escenario de confrontación política abierta y en una jornada que dejó al gobierno de Apatzingán enfrentando cuestionamientos públicos sobre administración, confianza y rendición de cuentas.
