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MensajearMorelia, Michoacán, 2 de septiembre de 2026.— A dos meses de haber recibido una amenaza de muerte en la Plaza 500, en Uruapan, Luis Manuel Soto Sanabria, presidente de la Fundación Soto Sanabria y defensor de los derechos humanos, denunció la presunta omisión de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal para garantizarle seguridad personal, pese a que existe una resolución judicial que ordena implementar medidas de protección a su favor.
El activista y empresario acudió a la Fiscalía para ampliar la denuncia relacionada con los hechos ocurridos el pasado 3 de julio, cuando, según su testimonio, fue dejada una cruz fúnebre acompañada de un mensaje en el que le exigían dejar de realizar sus actividades y “cooperar con la empresa”.
Afirmó que este jueves se cumplen dos meses de la amenaza y que, hasta el momento, no cuenta con medidas de seguridad personal.
Señaló que el 14 de agosto un juez de control ordenó que se le brindara protección. Además, aseguró que la Fiscalía ha enviado diversos oficios a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Guardia Civil para solicitar el cumplimiento de la resolución; sin embargo, sostuvo que las autoridades han hecho caso omiso.
“Yo no sé si están esperando a que suceda algo o que pase algo que ya sea irreparable en mi persona”, expresó afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.
El defensor de derechos humanos cuestionó la falta de respuesta institucional ante el riesgo que, dijo, enfrenta por su trabajo en comunidades indígenas y por las denuncias de extorsión que ha presentado.
“Mientras dicen que le están dando seguimiento, me pueden matar”, advirtió.
Indicó que ha sostenido reuniones con funcionarios de la Fiscalía, entre ellos el vicefiscal encargado del despacho, no obstante, afirmó que las respuestas se han limitado al envío de documentos y oficios entre las instituciones.
“¿Qué esperan, que me levanten, que me desaparezcan o que me maten para que la Fiscalía pueda tomar cartas en el asunto?”, cuestionó.
El presidente de la Fundación Soto Sanabria señaló que, además de la amenaza de julio, existen antecedentes de extorsión y un hecho ocurrido en enero de 2024, cuando, afirmó, fue privado de la libertad para exigirle dinero y despojarlo de huertas.
Aclaró que, hasta ahora, no ha recibido una nueva exigencia económica relacionada directamente con la amenaza más reciente, aunque sostuvo que el mensaje recibido podría estar vinculado con su trabajo comunitario.
“No estoy pidiendo privilegios. Simplemente estoy pidiendo que, como servidores públicos, atiendan a quienes defendemos los derechos humanos, porque estamos en riesgo y nuestra vida corre peligro”, manifestó.
Ante la situación por la que atraviesa, reprochó que las víctimas de casos de delitos como extorsión queden expuestas cuando las autoridades no garantizan su protección.
“Mi vida está en un riesgo latente", concluyó.
