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MensajearQuerétaro, Querétaro, a 27 de octubre de 2025.- La planta de separación y tratamiento de residuos operada por la empresa Broquers Ambiental ha acumulado 8.2 millones de pesos por no prestar el servicio desde su clausura temporal, el pasado 23 de julio, informó Armando Presa Ortega, titular de la Secretaría de Servicios Públicos del municipio de Querétaro.
Explicó que la clausura de la empresa concesionaria Broquers, encargada de la planta de separación y tratamiento de residuos sólidos urbanos del municipio de Querétaro, la ordenó la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, que además impuso una multa de 497 mil pesos.
“De acuerdo con el contrato de concesión, la empresa debe pagar al municipio una indemnización equivalente al monto que habría recibido por los servicios no prestados de forma injustificada”.
Según estimaciones oficiales, dijo, la planta debería estar procesando diariamente 325 toneladas de residuos, lo que representa un pago diario de aproximadamente 91 mil 767 pesos. Con casi 95 días de inactividad, la indemnización acumulada asciende a más de 2.7 millones de pesos mensuales.
“En seguimiento a las medidas solicitadas por la Procuraduría, se realizó un recorrido de supervisión en la planta, donde se verificó el cumplimiento de acciones como la colocación de árboles en el perímetro y el inicio de obras de confinamiento. Estas obras requieren reforzar la cimentación para instalar columnas y travesaños que permitan cerrar adecuadamente la planta”.
Detalló que la empresa presentó un proyecto de obra que ya fue aprobado por la Procuraduría y actualmente reporta un avance del 15 por ciento. Se prevé que los trabajos concluyan en un plazo de siete meses, lo que extendería la reactivación de la planta hasta después del primer trimestre de 2026.
Mientras tanto, no se está realizando la separación de basura, lo que ha incrementado el volumen de residuos enviados directamente al relleno sanitario.
“La intención es que la empresa cumpla con todas las condicionantes pendientes y reabra cuanto antes para minimizar el impacto ambiental”.
Refirió que la inspección reveló fallas en la operación de la planta, como el incumplimiento de horarios autorizados y otras condiciones establecidas por la normatividad ambiental, y recalcó que la autoridad municipal actuó con firmeza al emitir un mensaje claro a todas las empresas concesionarias de que el orden y la legalidad no son negociables.
