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MensajearMorelia, Mich., a 30 de marzo de 2026.— Entre adquisiciones millonarias, juicios laborales ignorados y auditorías que terminaron en inhabilitaciones, el Congreso del Estado de Michoacán se ha convertido en escenario de controversias que parecen no tener fin. Mientras las legislaturas pasadas protagonizaron estos escándalos, la actual LXXVI se mantiene inmóvil, sin respuestas claras ni acciones que protejan a los ciudadanos.
Millones de pesos desaparecidos sin explicación
En la pasada legislatura, la compra de un software contable por más de 5.5 millones de pesos, con valor real estimado en apenas 139 mil, desató polémica entre diputados y expertos en fiscalización. La Contraloría interna ha evitado dar información clara sobre la operación, y aunque se promovieron denuncias por presunto fraude, los procesos siguen en tribunales sin sanciones firmes.
El Congreso se ha convertido en un espacio donde las irregularidades se protegen más que se castigan, a decir de muchos.
Juicios laborales ignorados: el erario en riesgo
Al menos 50 de 170 juicios laborales iniciados durante legislaturas pasadas no contaron con defensa legal del Congreso, exponiendo recursos públicos a pagos millonarios y demostrando omisiones deliberadas que dejan al descubierto la gestión negligente del poder legislativo.
Ex Auditor inhabilitado: justicia con matices políticos
El caso de Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, ex titular de la Auditoría Superior de Michoacán, derivó en una inhabilitación de 10 años tras acusaciones de adjudicaciones irregulares y presión a funcionarios municipales. Sin embargo, el proceso estuvo marcado por disputas políticas y litigios continuos, lo que ha generado cuestionamientos sobre la verdadera transparencia y la capacidad del Congreso para rendir cuentas.
Legislatura actual: pasividad que alarma
Mientras los ciudadanos enfrentan problemas de inseguridad, falta de servicios y ausencia de resultados visibles, la LXXVI Legislatura parece paralizada frente a los escándalos heredados. Los informes de ausentismo, retrasos en sesiones y falta de iniciativas clave refuerzan la percepción de que la política interna prima sobre los intereses de los michoacanos.
Promesas incumplidas y cero resultados, es la percepción de la ciudadanía, reflejando la frustración de la población ante la pasividad legislativa.
La sensación de impunidad
Entre software millonario, juicios laborales y auditorías polémicas, se consolida la idea de que el Congreso ha protegido más a sus propios intereses que al pueblo. La pregunta que muchos se hacen es simple: ¿qué ha hecho la actual legislatura para corregir estos desfalcos y garantizar transparencia y justicia?
La respuesta hasta ahora es alarmantemente vacía.
