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MensajearMorelia, Michoacán; 13 de junio de 2022.- El sistema de software denominado PRO GRP, que adquirió el Congreso del Estado a la empresa C.P.M.FC.P.A.G. en esta Legislatura, cuyo representante legal es el señor José Alfredo Aburto Gaytán, por un monto de $5 millones 360 mil pesos, habría sido ilegal, así se revela el contrato que fue firmado por la abogados Jaime Virgilio Moreno Zavala y María Isabel Ceja Linares, que hicieron mal uso de una carta poder que solo era para actos de administración en materia laboral.
A esto se suma que el pasado 31 de mayo, dicha empresa solicitó una prórroga de tres meses para la entrega de los trabajos contratados, ya que estos deberían estar listos a más tardar en abril del 2022, sin embargo, no ocurrió así, dicho esquema no opera en estos momentos, y la petición de ampliación de plazo fue entregada a la actual secretaria de Finanzas y Administración, Rocío Pineda el pasado 31 de mayo.
El poder con el que se adquirió el software, no permitía realizar dicha acción, por lo que los abogados que lo utilizaron podrían haber incurrido en ilegalidad, ya que el documento que fue firmado por la actual presidenta del Congreso del Estado de Michoacán, Adriana Hernández Iñiguez no otorgaría la posibilidad de firmar un contrato por adquisición de bienes y servicios, solo por actos en materia laboral.
La decisión según se presume fue con el aval del entonces secretario de Finanzas, Mario Alberto Villegas Alfaro, quien fue propuesto en su momento por el diputado Jesús Hernández del PRI, del que se asegura tendría conocimiento la Junta de Coordinación Política.
El pasado 27 de abril de 2022 el diputado Juan Carlos Barragán y las diputadas Julieta García y Eréndira Isauro, presentaron denuncias administrativas y penal en contra de quien resulte responsable por diversas irregularidades en la adquisición de un software para el Congreso del Estado.
Las denuncias fueron presentadas, una en la Fiscalía del Estado, por los delitos de coalición de servidores públicos y uso ilícito de atribuciones y facultades, y dos más en la Auditoria Superior de Michoacán y en la Contraloría Interna del Congreso del Estado, por faltas administrativas graves de servidores públicos por cohecho, peculado, abuso de funciones y tráfico de influencias.
De acuerdo con Barragán, la adquisición del software por la cantidad de 5 millones 460 mil 387 pesos se utilizaría para implementar la contabilidad gubernamental, se realizó en el último trimestre del 2021, correspondiente a la presente legislatura, sin embargo, este mismo sistema se adquirió en 2017 y tiene vigencia hasta el año 2022.
