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MensajearApatzingán, Mich., a 28 de octubre de 2025.- La controversia estalló en Apatzingán luego de que el vocalista de Los Originales de San Juan revelara públicamente que fue la propia alcaldesa, Fanny Arreola, quien solicitó que la agrupación interpretara el corrido “La Raza Michoacana”, tema asociado históricamente a la glorificación de grupos criminales. El Gobierno de Michoacán confirmó este martes que iniciará sanciones tanto contra el Ayuntamiento como contra la agrupación por incurrir en presunta apología del delito durante un evento público.
Durante la presentación, el vocalista no dejó lugar a dudas: “Les queremos cantar un corrido especialmente y agradeciendo a la presidenta Fanny… gracias por esta gran invitación, y me dijo ‘cántame este corrido’, y con mucho cariño se lo cantamos”, declaró desde el escenario, desatando cuestionamientos inmediatos sobre el criterio de la autoridad municipal.
El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que el Estado cuenta con material audiovisual y documental que confirma la interpretación de temas que “promueven o glorifican conductas delictivas”, en violación al Código Penal de Michoacán. Las sanciones contemplan de tres a seis meses de prisión y multas de 80 a 150 UMA para quienes resulten responsables.
Zepeda fue tajante al señalar que la administración estatal no permitirá que desde espacios públicos se normalice la violencia, pues apología del delito es una falta grave que debe sancionarse con firmeza y conforme a la ley.
Aunque el procedimiento apunta a la agrupación musical y al Ayuntamiento como institución, la solicitud directa hecha por la alcaldesa —según el testimonio del propio artista— coloca a Fanny Arreola en el epicentro de un escándalo que cuestiona su capacidad de juicio y su responsabilidad como representante pública.
Por instrucción del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, ya se iniciaron los procesos administrativos y legales para determinar el grado de responsabilidad de cada actor involucrado. El evento, organizado por el Ayuntamiento, se habría llevado a cabo sin filtros ni supervisión adecuada respecto a los contenidos presentados ante la ciudadanía.
Zepeda advirtió que este caso busca marcar un precedente, pues las autoridades y los promotores culturales tienen la obligación de garantizar que los eventos públicos fomenten valores positivos y no la cultura de la ilegalidad.
El episodio deja a la alcaldesa Arreola bajo fuerte escrutinio, al ser señalada como la promotora directa de la interpretación de un corrido cuya carga simbólica contradice los esfuerzos gubernamentales por construir una cultura de paz en Michoacán.
El debate ahora se centra en si el Ayuntamiento actuó con irresponsabilidad, negligencia o simple falta de criterio al permitir —e incluso solicitar— un contenido que podría constituir apología del delito, en un municipio ahogado por la violencia.
