Querétaro, Querétaro, a 11 de noviembre de 2026.- La Colectiva ADAX Digitales anunció que impugnará ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la resolución emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), la cual da por concluida la queja, afirmó Mayra Dávila Alvarado, fundadora y representante legal del colectivo.
Detalló que el padre de la menor le informó sobre la notificación en donde la dependencia autónoma determina no dar seguimiento al expediente de la menor Esmeralda al considerar que no existieron violaciones por parte de las instituciones estatales y da por cumplidas las recomendaciones previas.
Esto, luego de que el oficio DDH/SG/31/2026, correspondiente al expediente DDH/QO/23/2026 y dirigido al padre de la menor, J. Ismael Aguilar Vega por parte de la visitadora general Luz Alegría Salgado Monjarás, la DDHQ dio por concluida la queja.
Dávila Alvarado rechazó categóricamente el fallo del organismo autónomo, señalando que prevalecen las deficiencias y la omisión institucional en la atención integral del caso.
"Vamos a impugnar esta resolución e iremos a la CNDH porque consideramos que sí hubo violación a los derechos humanos de Esmeralda por parte de las instituciones. La Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes tenía la obligación de velar por los derechos de la infancia y no estuvieron presentes ni dieron seguimiento posterior; la familia se ha quedado únicamente con nuestro acompañamiento".
Recriminó el actuar de la asesoría jurídica pública de la Comisión Estatal de Víctimas. Señaló que en el proceso inicial por el delito de violación, la carpeta se archivó sin realizar una investigación exhaustiva ni impugnar el no ejercicio de la acción penal.
En cuanto a los compromisos institucionales asumidos para brindar apoyo de vivienda y garantizar la continuidad de los estudios de la menor y su familia, quienes tuvieron que cambiar de residencia, aseguró que las acciones se paralizaron tras los cambios de titulares en diversas dependencias del estado.
Confirmó que sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, con el objetivo de destrabar las promesas pendientes. Según lo expuesto, el encargado de la política interna solicitó un margen de algunas semanas para revisar la situación y ordenar el avance inmediato a los funcionarios responsables.
Reiteró que mantendrá el acompañamiento y la defensa jurídica de la familia Aguilar Vega, haciendo uso del plazo legal de 30 días naturales establecido en la ley para interponer formalmente la inconformidad ante las instancias federales.
El documento de la Defensoría de los Derechos Humanos detalla que, respecto a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Comisión de Atención Integral a Víctimas, el asunto concluyó por "no violación a derechos humanos"; mientras que para la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Instituto de la Defensoría Penal Pública, la causa se cerró bajo el argumento de haber cumplido las recomendaciones previas.









