En Michoacán 80 docentes han solicitado cambios de adscripción por inseguridad

Morelia, Michoacán, a 12 de mayo de 2026.- La violencia generalizada y las amenazas directas han obligado a 80 docentes en Michoacán a solicitar su cambio de centro de trabajo durante la presente gestión de la sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Jairo Mandujano Ortega, líder estatal de una de las fracciones magisteriales, indicó que los maestros se sienten vulnerables en sus comunidades o han sido blanco de intimidaciones por parte de grupos delictivos.

De acuerdo con el dirigente, las regiones identificadas como de "alto riesgo" para el ejercicio docente no se limitan a la Tierra Caliente, sino que se han extendido a zonas como la Ciénaga de Chapala y la periferia de la capital michoacana, incluyendo municipios como Indaparapeo, Queréndaro, Zinapécuaro, Álvaro Obregón y Tarímbaro.

Subrayó la carencia de un protocolo oficial que permita a los maestros actuar ante situaciones de riesgo o amenazas de seguridad. Precisó que, ante la desprotección, algunos docentes optan por acudir a la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras que otros, por temor, prefieren omitir la denuncia legal y limitarse a gestionar su salida de la zona de conflicto.

"Hay de las dos, han sido algunas por amenaza directa y otras porque las maestras y los maestros ya se sienten inseguros por tanta inseguridad y tantos enfrentamientos", señaló el líder sindical.

Aunque el ciclo escolar está por concluir sin reportes de solicitudes nuevas en las últimas semanas, dijo que la cifra acumulada durante su gestión refleja el impacto de la crisis de seguridad en el sistema educativo estatal.

Respecto a la implementación del programa piloto "Registro Escolar" por parte de la Fiscalía General del Estado en zonas como Villas del Pedregal, donde se exige registro fotográfico e identificación oficial de padres de familia para el acceso a las escuelas, Mandujano se mostró cauto. Advirtió que la organización analizará la naturaleza de estos proyectos para asegurar que no se ponga en riesgo la identidad y ubicación de los menores y sus familias si la información no se maneja de forma exclusiva y confidencial.