Compartir
Twittear
MensajearCuernavaca, Mor., a 3 de febrero de 2026.— El poder político volvió a mostrar su rostro más autoritario. Periodistas que realizaban su trabajo informativo fueron intimidadas, bloqueadas y exhibidas públicamente con apoyo de elementos de la Guardia Nacional, en un episodio que la organización Artículo 19 calificó como uso indebido del poder público y un grave atentado contra la libertad de expresión.
Las víctimas son Silvia Lozano, reportera de La Unión de Morelos, y Guadalupe Flores, del medio Regional del Sur, quienes el pasado 23 de enero cubrían un operativo de seguridad a las afueras del Palacio de Gobierno de Morelos cuando fueron confrontadas por la regidora de Cuautla, Anita Sánchez Guerra, y su hermana, la senadora Juanita Guerra Mena, ambas ligadas al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
De acuerdo con los testimonios, la regidora detuvo el tránsito con apoyo de la Guardia Nacional, elevó el tono de voz, increpó a las periodistas y exigió sus datos personales, mientras las grababa con su teléfono celular en pleno despliegue de seguridad. El mensaje fue claro: el poder observa, señala y amedrenta.
Intimidación con uniforme y armas largas
Artículo 19 denunció que la presencia de la Guardia Nacional no fue preventiva ni neutral, sino utilizada como instrumento de intimidación, creando un ambiente hostil que buscó inhibir el trabajo periodístico. “Un dispositivo de seguridad desproporcionado”, señalaron las periodistas, que agravó el riesgo y la presión psicológica durante la cobertura.
Pero este no fue un hecho aislado.
Un patrón que se repite
La Red de Mujeres Periodistas del Estado de Morelos documentó al menos cuatro incidentes previos de hostigamiento y estigmatización contra la prensa en el municipio de Cuautla, todos vinculados al mismo entorno político.
Uno de los casos más alarmantes ocurrió tras la publicación de la columna “La mala estrategia de Anita Sánchez Guerra”, escrita por el periodista Jesús Castillo. Un día después, tres unidades de la Guardia Nacional arribaron a las instalaciones del periódico La Unión de Morelos. De uno de los vehículos descendió la senadora Juanita Guerra Mena, quien reclamó la publicación, amenazó con acciones legales y dejó su tarjeta, todo ello escoltada por un despliegue de seguridad que alteró el tránsito.
Para Artículo 19, esto constituye acoso judicial y político, una práctica que genera miedo, autocensura y silencio forzado.
Advertencia internacional: el Estado bajo la lupa
La organización recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido contundente: las personas funcionarias están sujetas a un mayor escrutinio público, y usar el poder estatal para intimidar periodistas es incompatible con una democracia.
Asimismo, alertó que amenazar con demandas, incluso sin ejecutarlas, ya constituye violencia institucional contra la prensa.
Exigen freno inmediato
Artículo 19 exigió que Anita Sánchez Guerra y Juanita Guerra Mena cesen de inmediato cualquier forma de intimidación y se abstengan de usar acciones legales como arma política.
Asimilo, que el PVEM se deslinde y exhorte públicamente a sus funcionarias a respetar los derechos humanos; que el Mecanismo de Protección para Periodistas otorgue medidas urgentes a las y los comunicadores afectados; y quela Guardia Nacional deje de ser utilizada como escolta política para callar voces incómodas.
El mensaje final es demoledor: cuando el poder usa armas, patrullas y leyes para silenciar periodistas, la democracia deja de serlo. En Morelos, la libertad de expresión hoy se ejerce bajo vigilancia.
