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MensajearQuerétaro, Qro., a 5 de febrero de 2026.- Un gesto bastó para incendiar las redes sociales y reabrir el debate sobre el poder, los privilegios y la distancia entre las élites institucionales y el discurso de austeridad. Un video difundido este miércoles muestra al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, detenido en plena vía pública mientras dos de sus asistentes se agachan para limpiarle los zapatos minutos antes de que ingresara al Teatro de la República.
La escena ocurrió previo a la ceremonia oficial por el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. En las imágenes, que rápidamente se volvieron virales, se observa al ministro presidente de pie, con las manos en los bolsillos, sin intervenir mientras una mujer y un hombre —identificados como integrantes de su equipo cercano— limpian su calzado con un paño o servilleta.
Un gesto que desató la polémica
Aunque el hecho no implica ninguna irregularidad legal, el impacto fue inmediato. Para miles de usuarios en redes sociales, el video simboliza un trato de élite incompatible con la narrativa de “austeridad”, igualdad y cercanía con el pueblo que el nuevo Poder Judicial ha buscado proyectar.
Las críticas no se centraron en el calzado ni en su precio, sino en la escena de jerarquía y servilismoque, para muchos, remite a prácticas del viejo poder: funcionarios de alto nivel siendo atendidos en tareas básicas por su personal, incluso en el espacio público.
Austeridad en el discurso, poder en la imagen
El episodio se suma a una serie de cuestionamientos que han rodeado al Poder Judicial en los últimos meses, entre ellos los altos salarios de los ministros y el uso de camionetas blindadas y esquemas de seguridad de alto nivel, elementos que han sido duramente criticados por contrastar con la realidad económica de la mayoría de la población.
En ese contexto, el video no fue leído como un hecho aislado, sino como la confirmación visual de una brecha persistente entre el discurso y las prácticas del poder.
No hay delito. No hay sanción administrativa. Pero sí hay un costo político y simbólico. En una institución que busca legitimarse ante una ciudadanía históricamente desconfiada, la imagen de un presidente de la Corte recibiendo trato de rey pesa más que cualquier explicación posterior.
