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MensajearCiudad de México, 25 de julio de 2026.- A poco más de dos meses de que autoridades de Estados Unidos solicitaran su detención provisional con fines de extradición, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reapareció públicamente para asegurar que permanece en su domicilio en Culiacán, rechazar las acusaciones en su contra y afirmar que enfrentará cualquier procedimiento por la vía legal.
Su aparición ocurre en un momento clave, cuando el caso continúa abierto tanto en el ámbito judicial como diplomático y sigue representando uno de los episodios de mayor tensión en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
En un mensaje difundido públicamente, Rocha Moya aseguró que desde que solicitó licencia al cargo el pasado 1 de mayo no ha abandonado su residencia ni ha contado con protección especial de fuerzas federales, al tiempo que insistió en que decidió separarse temporalmente del gobierno para no interferir con las investigaciones que realizan las autoridades mexicanas.
Un caso que escaló a nivel internacional
La controversia comenzó el 29 de abril, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo públicas acusaciones contra Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, señalándolos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la acusación presentada por fiscales del Distrito Sur de Nueva York, los funcionarios habrían recibido sobornos y brindado protección política a integrantes de la organización criminal, facilitando presuntamente operaciones relacionadas con el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
Tras conocerse las imputaciones, el gobierno estadounidense remitió a México una solicitud de detención provisional con fines de extradición.
Sin embargo, el gobierno mexicano sostuvo desde un principio que la petición carecía de elementos suficientes para justificar una detención inmediata, por lo que la Fiscalía General de la República solicitó información adicional antes de determinar la procedencia del procedimiento.
México exigió mayores pruebas
La postura oficial del gobierno federal ha sido que cualquier solicitud de extradición debe apegarse estrictamente al tratado bilateral vigente.
Las autoridades mexicanas explicaron que la petición enviada por Estados Unidos correspondía a una solicitud de detención provisional, figura jurídica distinta a una solicitud formal de extradición.
Para proceder, señalaron, era indispensable acreditar la urgencia del caso y aportar pruebas suficientes que justificaran restringir la libertad del funcionario, requisitos que, según la evaluación inicial de la FGR, no quedaron plenamente satisfechos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores incluso hizo públicos diversos documentos diplomáticos relacionados con el expediente, incluyendo comunicaciones enviadas a la embajada estadounidense y la postura oficial del Estado mexicano respecto al procedimiento.
Licencia al cargo
Dos días después de hacerse públicas las acusaciones, Rubén Rocha Moya solicitó licencia como gobernador de Sinaloa.
En ese momento sostuvo que tenía "la conciencia tranquila" y calificó los señalamientos como falsos, argumentando que su separación temporal del cargo buscaba evitar cualquier señalamiento de interferencia en las investigaciones que pudieran desarrollarse tanto en México como en Estados Unidos.
Desde entonces, el mandatario prácticamente desapareció de la escena pública durante poco más de dos meses.
La reaparición
Su reciente aparición rompe ese prolongado silencio.
En el mensaje difundido esta semana aseguró permanecer en Culiacán desde el inicio de su licencia, negó encontrarse prófugo o escondido y reiteró que atenderá cualquier requerimiento de las autoridades mexicanas conforme al debido proceso.
Asimismo, rechazó versiones que apuntaban a un supuesto resguardo por parte de fuerzas federales y sostuvo que continúa confiando en que podrá demostrar la falsedad de las acusaciones.
Un proceso que continúa abierto
Pese a la reaparición del mandatario con licencia, su situación jurídica permanece prácticamente sin cambios.
Hasta ahora no existe una resolución definitiva sobre la procedencia de una eventual extradición ni se ha informado públicamente que México haya autorizado su detención con fines de entrega a las autoridades estadounidenses.
El expediente continúa sujeto al intercambio de información entre ambos gobiernos y a la valoración jurídica que realicen la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto de las pruebas aportadas por el Departamento de Justicia estadounidense.
Un caso con implicaciones políticas
La investigación también ha generado un intenso debate político.
Mientras integrantes de la oposición han exigido avanzar en las investigaciones y esclarecer los señalamientos formulados por Estados Unidos, el gobierno federal ha insistido en que ninguna persona puede ser sometida a un procedimiento de extradición sin que existan pruebas suficientes y sin respetar plenamente el debido proceso.
El caso adquiere mayor relevancia por el contexto de violencia que vive Sinaloa tras la fractura interna del Cártel de Sinaloa y los acontecimientos derivados del proceso judicial contra Ismael "El Mayo" Zambada en Estados Unidos, situación que ha incrementado la presión sobre las autoridades de ambos países para fortalecer la cooperación en materia de seguridad y combate al crimen organizado.
Con la reaparición pública de Rubén Rocha Moya, el expediente vuelve al centro del debate nacional. Aunque su situación legal permanece sin una resolución definitiva, el caso continúa siendo observado de cerca tanto por las autoridades mexicanas como por el gobierno estadounidense, debido a las implicaciones jurídicas, diplomáticas y políticas que podría tener su desenlace.
