Compartir
Twittear
MensajearMorelia, Mich., a 30 de enero de 2026.- En menos de un mes, al menos 11 elementos de la Guardia Civil han sido detenidos o puestos bajo investigación por presuntos actos de corrupción y conductas graves, en lo que ya es considerado el golpe más contundente de la Secretaría de Seguridad Pública contra sus propios malos elementos.
Lejos de encubrir o minimizar los hechos, el Gobierno de Michoacán y la SSP optaron por una ruta inédita: limpiar la corporación desde dentro, aun cuando ello implique exhibir prácticas que antes se toleraban en silencio.
El primer golpe se dio en diciembre, cuando cuatro policías estatales fueron detenidos por presunta extorsión, luego de que exigieran dinero a un ciudadano extranjero a cambio de no entregarlo a autoridades migratorias. El caso marcó un quiebre y encendió las alarmas dentro de la corporación.
Días después, ya en enero, la ofensiva continuó con la detención de otros cinco elementos, señalados por extorsionar a civiles en la capital michoacana. En ambos episodios, los policías fueron puestos a disposición de la Fiscalía y sujetos a investigaciones internas, sin distinción de rango.
Pero el tercer episodio terminó por sacudir a la institución: dos elementos más fueron arrestados en Pátzcuaro, tras señalamientos de presunto consumo de sustancias ilícitas durante un operativo federal de alto riesgo, un hecho que comprometió la seguridad de la misión y tensó la relación con fuerzas federales.
La reacción fue inmediata. Por instrucción del secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, se abrió carpeta de investigación administrativa, se aplicaron arrestos y se ordenaron exámenes toxicológicos, dejando claro que no habrá tolerancia a conductas que manchen el uniforme ni pongan en riesgo a la ciudadanía o a otras corporaciones.
Desde el gobierno estatal que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla, el mensaje ha sido contundente: no se protege a policías corruptos; se les investiga, se les detiene y se les separa. La estrategia, según fuentes oficiales, busca no solo castigar, sino recuperar la confianza ciudadana y fortalecer la coordinación con instancias federales.
En un contexto donde la corrupción policial ha sido históricamente uno de los principales reclamos sociales, la actual ofensiva representa un cambio de paradigma: la seguridad pública ya no se mide solo en detenciones externas, sino en la capacidad del Estado para depurarse a sí mismo.
El saldo, hasta ahora, es claro: 11 policías fuera de las calles y bajo investigación, y una señal política que no deja lugar a dudas. En Michoacán, la SSP decidió enfrentar la corrupción aunque el enemigo esté dentro.
