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MensajearCoatzacoalcos, Ver., a 31 de diciembre de 2025.- El periodista Rafael “Lafita” León Segovia, especializado en la fuente policiaca en Coatzacoalcos, se ha convertido en el centro de una de las controversias más delicadas sobre la libertad de expresión en México en las últimas semanas. Tras su detención el 24 de diciembre de 2025, acusado inicialmente por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra instituciones de seguridad pública, el caso ha dado un giro que plantea serias dudas sobre el uso del sistema penal para intimidar a la prensa.
El pasado 30 de diciembre, un juez de control en Veracruz determinó desechar el cargo de terrorismo contra León Segovia al no encontrarse pruebas suficientes que acreditaran su participación en actos atribuidos a ese delito, considerado de los más graves dentro del Código Penal.
En cambio, el comunicador fue vinculado a proceso por encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, por los cuales enfrentará su juicio bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria por un año.
La decisión judicial, aunque eliminó el cargo más escandaloso, no marca el fin del proceso judicial ni atenúa completamente las inquietudes de periodistas, organizaciones defensoras de derechos humanos y colegas de León Segovia. Para muchos, la medida significa que, a pesar de que la imputación por terrorismo fue descartada, el proceso continúa funcionando como una forma de presión institucional contra un comunicador por su labor informativa.
Durante la audiencia, la Fiscalía estatal sostuvo que actuó siempre con respeto a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo, insistiendo en que la vinculación a proceso responde a elementos objetivos de investigación. La fiscal general, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, afirmó que la institución garantizó el debido proceso y se condujo con apego a la ley, aunque no ofreció detalles públicos contundentes sobre por qué los delitos imputados, distintos al terrorismo, estarían vinculados con hechos más allá de la cobertura periodística.
Las reacciones de organizaciones como Article 19 han sido duras. La agrupación denunció que, aun descartado el delito de terrorismo, la vinculación a proceso y la imposición de prisión domiciliaria constituyen un riesgo para el ejercicio libre del periodismo y un precedente peligroso para quienes cubren fuentes de nota roja y seguridad pública en el país. Según estas organizaciones, la acusación se basó en un supuesto testimonio de un “testigo protegido” con irregularidades, y la presión judicial sobre León Segovia debe entenderse dentro del contexto más amplio de hostigamiento a la prensa en Veracruz, uno de los estados más peligrosos para la profesión.
Por su parte, el propio periodista y su familia han denunciado que la detención responde a una persecución por su labor periodística, argumentando que la imputación surgió de la cobertura de hechos violentos y de su exposición de abusos policiacos. El periodista ha expresado que la Fiscalía le tiene “odio” por su trabajo, señalamiento que, aunque subjetivo, refleja el nivel de tensión entre la autoridad y quienes informan desde el terreno en regiones con altos índices de violencia.
En un país donde la libertad de expresión y la seguridad de quienes informan enfrentan constantes desafíos, la resolución de este caso será observada no solo como un asunto legal, sino como una prueba del compromiso del Estado mexicano con la protección de la labor periodística y con el respeto de derechos fundamentales.
