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MensajearZacatecas, Zacatecas, a 14 de junio de 2026.- La coordinación entre los distintos niveles de gobierno para fortalecer la seguridad en los centros penitenciarios y mejorar los procesos de reinserción social fue uno de los ejes centrales de la XXXII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario (CNSP), realizada en Zacatecas con la participación de autoridades federales, estatales y organismos especializados.
El encuentro fue encabezado por Jacobo Olaf Rodríguez García, titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (PRS), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza.
Durante la inauguración de los trabajos, Rodríguez García destacó que el sistema penitenciario representa una pieza clave para preservar la seguridad pública y garantizar el cumplimiento de la legalidad, además de impulsar la reinserción de las personas privadas de la libertad. Señaló que este desafío requiere una colaboración permanente entre la Federación y los estados, así como el fortalecimiento de herramientas tecnológicas, operativas e institucionales.
Asimismo, enfatizó la importancia del personal penitenciario en el funcionamiento de los centros de reclusión, al reconocer la labor cotidiana de mujeres y hombres que contribuyen a mantener el orden, la gobernabilidad y la seguridad dentro del sistema.
Por su parte, Rodrigo Reyes Mugüerza resaltó la necesidad de consolidar la cooperación entre entidades federativas y compartir experiencias exitosas que permitan mejorar la gestión penitenciaria.
También destacó los avances registrados en Zacatecas en materia de gobernabilidad y seguridad en los centros de internamiento, bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos.
El funcionario afirmó que los sistemas penitenciarios desempeñan un papel fundamental dentro de las estrategias de pacificación, al considerar que en estos espacios convergen tanto importantes retos como oportunidades para fortalecer la seguridad.
Entre los temas abordados durante la Asamblea figuró la aprobación de protocolos relacionados con el ejercicio del voto de personas en prisión preventiva y los procedimientos para la obtención de la credencial para votar de quienes se encuentran privadas de la libertad.
También se revisaron acciones para prevenir conductas autolesivas mediante la implementación del Código Blanco 100, así como estrategias de apoyo a los estados que incluyen capacitación especializada para personal penitenciario, operativos de supervisión, traslados de internos considerados de alto riesgo y mecanismos de diagnóstico institucional.
De igual manera, se evaluaron los avances en la supervisión de los equipos inhibidores de señal celular instalados en centros penitenciarios y se fortalecieron las acciones encaminadas a combatir la extorsión desde el interior de los reclusorios.
Como parte de los acuerdos alcanzados, se formalizó un convenio de colaboración enfocado en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, además de emitirse un pronunciamiento para facilitar los traslados voluntarios de mujeres privadas de la libertad, con el objetivo de mejorar sus condiciones de reinserción y garantizar el respeto a sus derechos.
En la reunión también participó Nestora Salgado García, directora general y encargada de despacho de la Tercera Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien destacó la importancia de mantener una comunicación constante entre los organismos defensores de derechos humanos y las autoridades penitenciarias estatales para atender con oportunidad situaciones urgentes y fortalecer la protección de las personas privadas de la libertad.
