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MensajearCuliacán, Sin., a 5 de enero de 2026.— El asesinato del director de Vialidad y Tránsito Municipal de Culiacán, Francisco Javier Zazueta Lizárraga, no provocó un mensaje de indignación ni de quiebre institucional desde el Gobierno de Sinaloa. Por el contrario, el gobernador Rubén Rocha Moya optó por justificar la violencia, reducir su gravedad y atribuir el ataque a la “complejidad” del territorio donde ocurrió.
A menos de 24 horas del atentado armado registrado en la sindicatura de Aguaruto, el mandatario estatal reconoció que la zona es “complicada”, que no se puede vigilar “cada milímetro cuadrado” y que los grupos criminales tienen alta movilidad, declaraciones que para diversos sectores normalizan el asesinato de un funcionario público en funciones.
“Es una zona complicada. Ahí donde están las cribas, los campos, se nos ha complicado, aun cuando el corporativo de seguridad se encuentra en esa área, cerca de la penitenciaría”, expresó.
Lejos de presentar el crimen como un golpe directo al Estado, el gobernador lo enmarcó como un riesgo inevitable, una consecuencia más de operar en regiones donde —admitió— el control total simplemente no existe.
“No estamos en cada milímetro cuadrado”, declaró Rocha Moya, una frase que para analistas en seguridad abre la puerta a aceptar que ataques de este tipo seguirán ocurriendo.
Un mensaje alarmante: matar a un jefe policiaco es “parte del problema”
El ataque fue directo, planeado y ejecutado a plena luz del día. El funcionario fue emboscado desde otro vehículo, pidió auxilio por radio al C4i y murió horas después en un hospital público. Aun así, no hubo un mensaje de condena contundente, ni una advertencia clara de consecuencias para los responsables.
El gobernador sostuvo que los homicidios “se han ido desplazando fuera de la mancha urbana”, una afirmación que contrasta con el hecho de que un alto mando municipal fue asesinado en una zona donde existe presencia institucional y cercanía con instalaciones de seguridad.
La contradicción es evidente: Si hay control, ¿cómo fue posible un ataque tan preciso?; Si hay presencia, ¿por qué un funcionario fue ejecutado sin que se evitara la agresión?
Refuerzo federal, pero sin reconocer fallas
Tras el asesinato, Rocha Moya anunció refuerzos con apoyo federal y coordinación con la Secretaría de Seguridad, Defensa y Marina. Sin embargo, insistió en que los operativos “ya están cubiertos intensamente”, evitando reconocer cualquier error previo.
El asesinato de un director de Tránsito debería representar una línea roja para cualquier gobierno. Pero en Sinaloa, el discurso oficial parece indicar que incluso la ejecución de un jefe policiaco puede ser absorbida dentro de la narrativa de la “zona complicada”.
Mientras el gobernador pide comprensión ante la imposibilidad de vigilar todo el territorio, la realidad es que los grupos criminales sí lograron vigilar, seguir y ejecutar a un funcionario clave.
Y eso, más que una “complejidad territorial”, es un mensaje de poder.
