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MensajearCiudad de México, a 13 de agosto de 2025.- En una acción coordinada entre el Gobierno de México y las autoridades de Estados Unidos, 26 presuntos líderes criminales y colaboradores estratégicos fueron trasladados este lunes a territorio estadounidense para enfrentar cargos que van desde narcotráfico y secuestro, hasta homicidio y lavado de dinero. El operativo, calificado como la “entrega” más grande en lo que va del sexenio, golpea a cárteles de alto poder como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Zetas y remanentes de La Familia Michoacana.
La lista incluye a personajes cuya trayectoria delictiva ha marcado episodios clave de la violencia en México durante las últimas dos décadas:
Abigael “El Cuini” González Valencia, considerado el cerebro financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fue uno de los principales objetivos de la DEA. Su captura en 2015 afectó de forma temporal las finanzas del grupo, pero su liberación parcial en 2023 le permitió retomar operaciones discretas.
Servando “La Tuta” Gómez Martínez, exprofesor que pasó a liderar La Familia Michoacana y después los Caballeros Templarios, es recordado por su maquinaria propagandística y control social en Michoacán. Su arresto en 2015 no frenó la violencia derivada de la fragmentación de su grupo.
Kevin Alonso Gil, “El 200”, operador del Cártel de Sinaloa ligado al ala de Los Chapitos, está acusado de coordinar el envío de fentanilo hacia California y Nevada.
Martín Zazueta Pérez, identificado como enlace financiero de la familia Guzmán Loera, mantenía operaciones de lavado de dinero en México y Estados Unidos.
Juan Carlos Félix Gastélum, “El Chavo Félix”, y Pablo Edwin Huerta, “El Flaquito”, son veteranos operadores del cártel de los Arellano Félix con fuerte presencia en Baja California.
Roberto Salazar está señalado por su presunta participación en el asesinato de un agente del sheriff del condado de Los Ángeles en 2008.
Abdul Karim Conteh, ciudadano de Sierra Leona, fue incluido por tráfico de migrantes hacia Estados Unidos, un caso inusual sin vínculos directos con cárteles mexicanos.
A ellos se suman Leobardo García Corrales, presunto operador del Cártel de Sinaloa en Sonora, y Luis Raúl Castro Valenzuela, alias “Chacho”, vinculado al tráfico de metanfetaminas. También Enrique Arballo Talamantes, acusado de trasiego de cocaína; Benito Barrios Maldonado, “El Comandante”, con pasado en Los Zetas; Francisco Chávez, ligado a contrabando de armas; y Baldomero Fernández Beltrán, “El Mero”, operador en Guerrero.
La lista continúa con Ismael Enrique Fernández Vázquez, acusado de narcotráfico internacional; José Carlos Guzmán Bernal, asociado a facciones del Cártel de Sinaloa; y Anton Petrov Kulkin, un bioquímico búlgaro implicado en la producción de fentanilo.
Roberto Omar López, presunto lavador de dinero; José Francisco Mendoza Gómez, vinculado al CJNG; Hernán Domingo Ojeda López, investigado por tráfico de heroína; y Daniel Pérez Rojas, exintegrante de Los Zetas, también forman parte de los entregados.
Finalmente, se encuentran Juan Carlos Sánchez Gaytán, relacionado con redes de armas y cocaína; David Fernando Vásquez Bejarano, señalado como enlace con cárteles colombianos; José Antonio Vivanco Hernández, operador financiero; Mauro Alberto Núñez Ojeda, acusado de coordinar envíos de fentanilo; y Jesús Guzmán Castro, ligado al Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los 26 reclusos fueron entregados bajo la condición de que Estados Unidos no les imponga la pena de muerte, condición indispensable según la legislación mexicana para autorizar la extradición.
Aunque el gobierno federal presentó la operación como un golpe contundente a las estructuras criminales, especialistas advierten que la salida de estos capos podría detonar reacomodos violentos en varias regiones. “No siempre la captura o extradición significa la caída de una organización; en muchos casos abre la puerta a guerras internas”, señaló un investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Los extraditados enfrentarán procesos en cortes federales de estados como Texas, California, Illinois y Nueva York, donde podrían recibir sentencias que van desde décadas de prisión hasta cadena perpetua.
La magnitud de la operación refleja no solo la cooperación bilateral en materia de seguridad, sino también el interés político de ambas naciones por mostrar resultados rápidos en la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de fentanilo, un problema que ha cobrado decenas de miles de vidas en Estados Unidos.
