Ciudad de México, a 8 de abril de 2026.- Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), mediante un video publicado en redes sociales, habló sobre los avances en torno al caso del Tren Interoceánico.
La funcionaria federal indicó que a la fecha se ha otorgado una reparación integral del daño a 145 personas, es decir, 114 adultos y 31 niñas, niños y adolescentes.
“Estos acuerdos, contemplados en la Constitución y en la ley, ofrecen siempre una opción más eficaz y menos desgastante para las víctimas, a fin de que puedan obtener la reparación integral del daño, accediendo a medidas que compensen la afectación ocasionada”.
Asimismo señaló que la FGR ha buscado en todo momento privilegiar la protección de las víctimas, para cumplir con sus funciones constitucionales y legales, con la finalidad de esclarecer los hechos, además de los culpables no quedaran impunes y que los daños que se causaron fueran reparados.
De acuerdo con la información oficial, luego de integrar cuatro carpetas de investigación, el Ministerio Público logró acreditar la responsabilidad del maquinista, el conductor y el jefe de despacho por los delitos de homicidio y lesiones culposas.
Como resultado, el caso fue presentado ante un juez, quien autorizó órdenes de aprehensión y cateo. Más adelante, durante la audiencia inicial, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de los implicados. En cuanto al delito de daño en bienes, se informó que la empresa afectada optó por otorgar el perdón como parte ofendida.
La fiscal también precisó que no se configuró el delito de ataques a las vías generales de comunicación, sustentado en dictámenes técnicos en arquitectura, ingeniería civil y seguridad industrial. “Después de una minuciosa inspección y toma de muestras, se comprobó que en el punto del siniestro, la vía, durmientes, fijaciones y balasto cumplen con la norma”, detalló.
Además, se descartaron irregularidades relacionadas con el uso indebido de atribuciones y el mal desempeño del servicio público. Esta conclusión se basó en información proporcionada por la empresa ferroviaria, así como en el análisis de auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Dichas revisiones abarcaron decenas de contratos vinculados con la infraestructura, adquisición de equipo ferroviario y mantenimiento, sin que se detectaran elementos constitutivos de delito.
Finalmente, las autoridades reiteraron que tanto las condiciones de la vía como el estado de locomotoras y vagones cumplían con los estándares establecidos, de acuerdo con los peritajes realizados en distintas especialidades técnicas.









