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MensajearBadiraguato, Sin., a 8 de abril de 2026.— Durante meses el caso parecía enterrado bajo el ruido cotidiano de la violencia en México. Pero la decisión reciente de un juez federal de vincular a proceso a 13 militares por el ataque que mató a las niñas Alexa Medina (7 años) y Leidy Rojas (11) ha vuelto a colocar el expediente en el centro del debate nacional. El proceso judicial revive no solo la tragedia, sino la cadena de versiones oficiales que intentaron explicar lo ocurrido y que hoy forman parte del corazón del escándalo.
La ráfaga que cambió todo
El 6 de mayo de 2025, una familia viajaba en una camioneta por un camino rural de Badiraguato, uno de los municipios más militarizados de Sinaloa. En cuestión de segundos y sin aviso previo, un convoy del Ejército abrió fuego contra ellos.
Peritajes citados en la investigación señalan que los soldados dispararon más de 100 veces contra el vehículo, contabilizando hasta 119 impactos.
Dentro viajaban seis personas. El saldo fue devastador: Alexa Medina, de 7 años, y Leidy Rojas, de 11, perdieron la vida. Otro dos menores de edad y dos adultos que viajaban en la unidad, resultaron heridos.
La primera narrativa: “fuego cruzado”
Horas después de la tragedia comenzó a circular una versión que marcaría el rumbo mediático inicial del caso: las niñas habían muerto en medio de un enfrentamiento armado.
La primera explicación pública provino de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sinaloa. La entonces titular de la dependencia, Verona Hernández Valenzuela, informó a medios que las menores murieron en un fuego cruzado durante una balacera registrada en Badiraguato.
La narrativa señalaba que fuerzas de seguridad atendían un reporte de violencia, cuando se produjo un enfrentamiento con civiles armados, por lo cual las niñas y su familia quedaron atrapadas en la balacera.
Esa versión fue replicada rápidamente por medios regionales y nacionales.
Los reportes operativos del Ejército
Al mismo tiempo, reportes iniciales del operativo militar elaborados por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) describieron el incidente dentro del contexto de un enfrentamiento con delincuentes.
Ese encuadre reforzó la idea de que el convoy militar había respondido a una agresión, y que el tiroteo ocurrió durante un operativo contra criminales armados.
Con ello, la narrativa de “fuego cruzado” quedó instalada en las primeras horas del caso.
En agosto de 2025, cuestionada por la prensa en su conferencia matutina, la presidente Claudia Sheinbaum, quien se dice feminista y defiende el eslogan "llegamos todas", al mismo tiempo que asegura que ya no existen masacres de civiles a manos de militares, evadió responder sobre el estado de las investigaciones. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que los soldados involucrados habían sido puestos a disposición de las autoridades.
Sin embargo, también situó los hechos dentro del contexto de un enfrentamiento ocurrido en la zona, lo que mantuvo parcialmente el marco narrativo inicial del operativo.
La historia empieza a derrumbarse
Mientras las autoridades hablaban de balacera, los sobrevivientes contaban algo muy distinto.
Los familiares aseguraron desde el principio que no hubo agresión contra los militares, no recibieron ninguna orden de alto, y que el convoy disparó directamente contra la camioneta familiar.
Conforme avanzaron los peritajes, comenzaron a surgir inconsistencias.
Días después del ataque ocurrió algo inusual. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, contradijo públicamente la versión que había circulado desde las primeras horas. “No fue que haya sido derivado de un fuego cruzado”, declaró.
La afirmación implicaba algo delicado: la explicación difundida inicialmente por autoridades podía ser incorrecta.
El expediente llega a la justicia
La investigación terminó en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras la SEDENApuso a disposición a los soldados del operativo.
Tras meses de indagatoria, el caso dio un giro. Un juez federal determinó vincular a proceso a 13 militares, acusados de homicidio y tentativa de homicidio por el ataque contra la camioneta donde viajaba la familia.
El expediente Alexa y Leidy se ha convertido en uno de los casos más citados en el debate sobre el papel del Ejército en seguridad pública.
Porque reúne todos los elementos que suelen encender la polémica: un operativo militar en zona civil, más de cien disparos contra una familia inocente, dos menores de edad muertos, y una versión oficial que cambió con el tiempo.
El proceso judicial que ahora comienza podría tardar años. Pero mientras tanto, el país vuelve a enfrentar una escena que resume el drama de la guerra contra el narco, supuestamente van donada por los gobiernos federales emanados de Morena: una camioneta familiar, dos niñas asesinadas y un convoy militar descargando más de cien balas en un camino de Badiraguato.
