Prende alarmas abuso a menores en Michoacán: 13 mil niñas agredidas cada año y repunte de embarazos a temprana edad

Morelia, Mich., a 6 de agosto de 2025.- La violencia sexual contra niñas y adolescentes en Michoacán se ha convertido en un fenómeno estructural y normalizado, que muchas veces se esconde tras prácticas tradicionales como los matrimonios arreglados con personas adultas o el silencio impuesto por las costumbres comunitarias. A este panorama alarmante se suma el hecho de que el estado ocupa el sexto lugar nacional en embarazos infantiles, según datos oficiales.

De acuerdo con Alejandra Anguiano, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), cada año al menos 13 mil niñas sufren algún tipo de violencia sexual en el estado. Sin embargo, esta cifra podría ser aún mayor, debido a que muchas víctimas no denuncian por miedo, presión familiar o estigmatización social.

El problema es grave. Muchas veces se disfraza como "uso y costumbre", o incluso se tolera en entornos donde la autoridad tradicional pesa más que la ley, han advertido las autoridades.

Michoacán se encuentra dentro de los estados con mayores tasas de embarazo en niñas menores de 14 años, fenómeno íntimamente ligado a la falta de educación sexual integral, al abuso sistemático y a la ausencia de políticas efectivas de prevención y justicia.

En muchos casos, los embarazos no deseados en niñas son consecuencia directa de relaciones forzadas con adultos, situación que, conforme al Código Penal Federal, constituye violación infantil, independientemente del contexto cultural o familiar.

Ante esta situación, la Seimujer ha lanzado una nueva estrategia que busca visibilizar y prevenir el embarazo infantil en el estado. Entre las acciones prioritarias se encuentran talleres comunitarios de educación sexual, menstruación digna, empoderamiento infantil y fomento a la denuncia.

A pesar de estos esfuerzos, organizaciones civiles insisten en que la respuesta institucional aún es insuficiente, y que se necesita un enfoque interseccional que incluya acceso a la justicia, educación, salud pública y protección comunitaria.