Policías de Carlos Soto hasta el perro se llevaron tras multihomicidio en bar: Ya son 5 muertos, 4 agentes detenidos y ni una palabra del alcalde de Zamora, Michoacán

Zamora, Mich., a 7 de octubre de 2026.— El caso del bar El Nuevo Quijote se convirtió en una pesadilla que sigue creciendo para el gobierno municipal de Carlos Soto. La noche del 2 de octubre dejó una masacre con cinco personas muertas y dos heridas, pero el escándalo no terminó con los disparos: la Fiscalía General del Estado detectó alteraciones en la escena, la ausencia del equipo de almacenamiento de las cámaras de seguridad y la presunta sustracción de diversos objetos, mientras cuatro policías municipales que acudieron como primeros respondientes terminaron detenidos e investigados.

La tragedia dejó de ser únicamente un expediente criminal para convertirse también en un problema que alcanza directamente a la corporación policiaca de Zamora. Los agentes identificados como Luis “N”, Héctor “N”, Genaro “N” y Pedro “N” acudieron al establecimiento después de la agresión, pero posteriormente quedaron bajo investigación por robo calificado grave y ejercicio ilícito del servicio público. Entre los objetos asegurados durante las diligencias aparecen teléfonos celulares, un arma calibre .40 con cargador abastecido y un perro que habría sido retirado del establecimiento.

El dato más delicado no es solamente lo que presuntamente salió del bar. Es lo que dejó de estar ahí. La Fiscalía reportó la ausencia del equipo donde se almacenaban las imágenes de las cámaras de seguridad, precisamente uno de los elementos que podría resultar fundamental para reconstruir el ataque y establecer quiénes estuvieron dentro del establecimiento antes, durante y después de la balacera. La autoridad también detectó alteraciones en la escena.

En otras palabras, mientras cinco personas terminaban muertas y los responsables de la agresión escapaban, la escena que debía ser preservada para obtener evidencia terminó convertida en otro foco de investigación. El asunto ya no se limita a la incapacidad para impedir la masacre: ahora también existe una investigación sobre la conducta de cuatro elementos municipales que llegaron después de los hechos.

El ataque ocurrió en el establecimiento ubicado sobre la avenida Virrey de Mendoza, en la zona de Las Fuentes. Sujetos armados ingresaron y dispararon contra los presentes. En el lugar fueron localizados 36 casquillos calibre 9 milímetros, además de cartuchos útiles, un cargador y otros indicios.

El saldo inicial fue de cuatro personas asesinadas y tres lesionadas. Posteriormente murió Aarón G. R., de 35 años, quien había sido trasladado para recibir atención médica debido a la gravedad de sus heridas. Con ello, el número de víctimas mortales ascendió a cinco.

Entre los fallecidos fueron identificados Antonio Gutiérrez Zamudio, de 70 años, empresario y propietario de Dulces La Esperanza; Laura Gabriel Ch., de 40 años, originaria de Uruapan y vecina de Zamora; y Eduardo Francisco G., de 38 años, originario de Buenavista Tomatlán y vecino de Zamora. Los otros dos fallecidos corresponden a la víctima que inicialmente permanecía sin identificar y a Aarón G. R.

Los dos sobrevivientes son Miguel Ángel R. T., de 43 años, y Miguel Ángel R. S., de 26 años, quienes resultaron lesionados durante el ataque.

Pero mientras las familias enfrentaban la pérdida y la ciudad intentaba procesar otra noche de violencia, la respuesta pública del alcalde Carlos Soto quedó reducida a un mensaje dirigido particularmente a la familia de Antonio Gutiérrez Zamudio. Soto lamentó la muerte del empresario y destacó el legado de Dulces La Esperanza, pero no dedicó públicamente un mensaje equivalente a Laura Gabriel, Eduardo Francisco G. ni al resto de las víctimas.

El contraste resulta difícil de ignorar. El presidente municipal encontró espacio en sus redes sociales para felicitar a funcionarios, reconocer informes de gobierno y enviar mensajes políticos durante los días previos al ataque. Después de que Zamora viviera una de sus noches más violentas, su comunicación pública no reflejó la dimensión completa de la tragedia.

Y ahora el panorama es todavía más grave: cuatro policías municipales de su administración están detenidos e investigados en relación con lo ocurrido después de la masacre. 

Esto aumenta la responsabilidad política que corresponde al gobierno municipal sobre su propia corporación. La Fiscalía determinará la responsabilidad penal individual de los agentes; mientras tanto, el Ayuntamiento y Carlos Soto deben responder políticamente por las condiciones bajo las cuales sus primeros respondientes actuaron en uno de los escenarios criminales más graves registrados recientemente en Zamora.

Teléfonos, un arma, una mascota y el equipo de las cámaras forman parte de una investigación que tendrá que determinar qué fue retirado, por quién, cuándo y bajo qué circunstancias. No se trata de una simple pérdida de objetos: se trata de elementos que estaban dentro o relacionados con una escena donde acababan de ocurrir cinco homicidios.

Para el llamado “Buen Gobierno” de Carlos Soto, la crisis ya no puede esconderse detrás de comunicados genéricos ni de condolencias selectivas. El gobierno municipal tiene a cuatro de sus policías bajo investigación, mientras la Fiscalía intenta esclarecer por qué una escena criminal presentó alteraciones y por qué desapareció un elemento tan sensible como el dispositivo que almacenaba las grabaciones de seguridad.

Tampoco existe todavía una explicación pública suficiente que cierre la brecha entre la magnitud de la tragedia y la reacción del presidente municipal. Cinco muertos y dos heridos no son una estadística; cuatro policías detenidos tampoco son un incidente administrativo menor. Son señales de una crisis de seguridad y de confianza institucional que golpea directamente a la administración municipal.

El problema para Carlos Soto es que la historia de El Nuevo Quijote sigue acumulando capítulos. Primero fueron los 36 casquillos y los cuerpos. Después, las víctimas identificadas y el fallecimiento de un herido. Luego aparecieron las alteraciones de la escena, la ausencia del almacenamiento de las cámaras y los objetos presuntamente sustraídos. Finalmente, cuatro policías municipales terminaron detenidos.

Y mientras la Fiscalía busca a los responsables de la masacre y determina qué ocurrió con la evidencia, el alcalde permanece obligado a responder por una corporación que quedó bajo investigación precisamente por lo que ocurrió después de que sus elementos llegaron al lugar.

El Nuevo Quijote dejó una escena bañada en sangre y cinco familias de luto. Pero también dejó algo que el discurso del “Buen Gobierno” no puede maquillar: una corporación municipal bajo sospecha, una escena criminal alterada, evidencia que desapareció y cuatro policías detenidos.

La Fiscalía tendrá que establecer responsabilidades penales. Carlos Soto, en el terreno político, tendrá que explicar qué está pasando dentro de la Policía Municipal de Zamora y cuál es la respuesta de su gobierno ante una crisis que ya rebasó por completo el simple comunicado de condolencias.