Pierden oficialmente el fuero constitucional Rubén Rocha Moya y Juan de Dios Gámez Mendívil

Culiacán, Sinaloa, a 3 de mayo de 2026.- El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el exalcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, perdieron oficialmente el fuero constitucional, según confirmaron tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Presidencia. Al solicitar licencia, ambos dejaron de ejercer funciones públicas, condición que les otorgaba inmunidad procesal, por lo que ahora pueden ser investigados, citados o detenidos como cualquier ciudadano.

Este cambio activó de inmediato el ámbito judicial. La fiscalía federal anunció la apertura de una carpeta de investigación propia, relacionada con los señalamientos emitidos por un tribunal en Nueva York, donde se les vincula presuntamente con la facción conocida como “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. Aunque la solicitud de licencia buscaba contener el impacto político de las acusaciones internacionales, en los hechos los colocó bajo la jurisdicción ordinaria mexicana.

El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, explicó que el fuero no protege a la persona, sino al cargo. En consecuencia, al dejar de desempeñar sus funciones, desaparece la inmunidad, eliminando la necesidad de un proceso de desafuero previo.

Asimismo, cobra relevancia el proceso de extradición solicitado por Estados Unidos. Durante días, la Secretaría de Relaciones Exteriores había evitado una detención provisional al señalar que la solicitud carecía de pruebas completas. Sin embargo, el tratado bilateral contempla que, en casos urgentes, el país solicitante puede presentar la evidencia en un plazo posterior al arresto, lo que mantiene vigente la posibilidad de una acción inmediata.

En este contexto, el senador Enrique Inzunza Cázarez se mantiene como el único de los señalados que conserva su fuero, al no haber solicitado licencia. Esta decisión lo mantiene protegido por la Constitución mexicana, a diferencia de sus compañeros.

El caso coloca ahora a la fiscalía ante un escenario clave: proceder con detenciones bajo el marco legal nacional o esperar el desarrollo del proceso internacional. Lo cierto es que, tras la pérdida del fuero, los argumentos legales que impedían actuar contra Rocha Moya y Gámez han dejado de existir, mientras la presión desde Estados Unidos se traslada directamente a las autoridades mexicanas.