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MensajearCiudad de México, 23 de septiembre de 2025.- Lo que el gobierno federal presentó como una “transformación histórica” en el Poder Judicial comienza a desmoronarse entre contradicciones y escándalos. El ministro presidente de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, cuenta con un ejército de 103 asesores, a pesar de que la justificación oficial para desaparecer a la anterior Corte fue acabar con el “lujo, el despilfarro y los intereses partidistas”.
Entre los integrantes de esta abultada nómina se encuentran figuras de alto perfil y gran polémica como Vidulfo Rosales Sierra, exabogado de los padres de los 43 de Ayotzinapa, hoy con un sueldo superior a los 118 mil pesos mensuales como secretario de Estudio y Cuenta; así como Gerardo García Marroquín, cuñado del senador Ricardo Monreal, colocado como director general de Compilación y Sistematización de Tesis, con salario de casi 120 mil pesos.
Estos nombres desatan sospechas sobre cuotas políticas disfrazadas de “asesorías técnicas”.
La contradicción es evidente: mientras el oficialismo defendió la creación de un nuevo tribunal con la bandera de la austeridad, ahora se exhibe una estructura que reproduce —y en algunos casos supera— los mismos vicios que tanto se criticaron.
La revelación de los casi 100 asesores choca de frente con la narrativa gubernamental que, desde Palacio Nacional, atacó por años al Poder Judicial por sus altos salarios, plantillas infladas y redes de nepotismo. Hoy, con una SCJN “refundada”, los excesos persisten, solo que bajo otros nombres y con nuevos beneficiarios.
Críticos señalan que esta contradicción no solo erosiona la legitimidad de la Corte, sino que deja en evidencia que la supuesta reforma judicial sirvió más como herramienta de control político que como un verdadero cambio para impartir justicia.
Mientras tanto, el ministro presidente ha prometido un recorte del 40% en la plantilla de asesores a partir de octubre.
