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MensajearCiudad de México, a 4 de febrero de 2026.- El Senado de la República optó por cerrar en silencio lo que durante horas intentó normalizar: un salón de belleza habilitado dentro del recinto legislativo, defendido públicamente por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, y clausurado únicamente después de que el caso escalara a escándalo nacional.
El espacio, equipado como una estética profesional y reservado para legisladores y personal autorizado, fue exhibido en videos y fotografías difundidas en redes sociales, detonando una oleada de críticas por el contraste entre el discurso oficial de austeridad y la existencia de servicios exclusivos al interior del Senado.
Lejos de deslindarse, Castillo no solo reconoció la existencia del salón, sino que lo defendió abiertamente, asegurando que “no tenía nada de irregular”, que no se financiaba con recursos públicos y que incluso ella misma había hecho uso del espacio. También sostuvo que servicios similares existen en otros órganos legislativos y que quienes acudían pagaban de su propio bolsillo.
Sin embargo, la defensa duró menos que la polémica.
En cuestión de horas, el salón fue clausurado sin que se informara públicamente bajo qué fundamento administrativo, quién ordenó el cierre ni desde cuándo operaba formalmente. La decisión dejó una contradicción evidente: si no había irregularidad, ¿por qué bajarle la cortina?
A esa contradicción se suma ahora documentación fiscal que acredita la adquisición sistemática de insumos profesionales de belleza con cargo a la Cámara de Senadores. Tres comprobantes fiscales digitales (CFDI), emitidos en agosto de 2024, muestran compras por $194,174.72 pesos, bajo el concepto de “gastos en general”, a un proveedor privado, que incluyen maquillaje profesional de alta gama, productos capilares, herramientas de peluquería, brochas, planchas y cosméticos en volumen.
Las facturas detallan decenas de artículos de marcas como MAC, Babyliss Pro, Maybelline y Got2B, en cantidades múltiples y con variedad de tonos y presentaciones, lo que descarta un uso ocasional o protocolario y apunta a un servicio continuo y profesional. No existe, hasta ahora, un fin institucional público que justifique este tipo de adquisiciones dentro de las funciones legislativas del Senado.
Aunque el Comité de Transparencia del Senado clasificó como confidenciales algunos datos de los documentos —como los códigos QR—, los CFDI confirman que el cliente fue la Cámara de Senadores y que los insumos fueron adquiridos con recursos vinculados a su operación administrativa.
La existencia de estos documentos contradice la narrativa oficial de que el salón no implicaba uso de recursos públicos y refuerza las dudas sobre bajo qué figura operaba, quién lo autorizó y por cuánto tiempo funcionó dentro de un edificio financiado con dinero del erario.
Hasta el momento, el cierre del salón no ha venido acompañado de auditorías, informes administrativos ni explicaciones detalladas. Tampoco se ha informado si se investigará el destino de los insumos adquiridos ni si existirá algún procedimiento de responsabilidad.
El episodio vuelve a colocar bajo la lupa a la mayoría de Morena en el Senado, que ha hecho de la austeridad una de sus principales banderas, pero que no logró sostener públicamente la existencia de un espacio percibido como privilegio.
