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MensajearCiudad de México, 4 de marzo del 2026.- Un juez federal instruyó al Ejército mexicano entregar todos los informes y reportes elaborados en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia instalado en Iguala, vinculados con la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
La determinación fue emitida el 19 de febrero de 2026 por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México, al resolver un juicio de amparo promovido por madres y padres de los estudiantes. En su sentencia, el órgano jurisdiccional concluyó que existen al menos 853 páginas cuya ubicación no ha sido aclarada y que deben ponerse a disposición para asegurar una investigación completa.
El fallo señala que las inconsistencias y vacíos en la documentación no prueban que los archivos no existan; por el contrario, constituyen indicios de que permanecen bajo resguardo de instancias militares. Por ello, ordena su entrega para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad.
La demanda fue presentada en agosto de 2023, luego de que las familias acusaran a autoridades castrenses de no proporcionar la totalidad de los reportes de inteligencia generados en 2014, pese al decreto presidencial de 2018 que instruyó a todas las dependencias federales a colaborar sin restricciones en el esclarecimiento del caso.
Parte de la controversia surgió tras el sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en el que se dio cuenta de comunicaciones internas del Ejército relacionadas con el seguimiento a los estudiantes antes y después de los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala. Según los expertos, la información entregada estaba fragmentada, lo que apuntaba a la existencia de archivos no revelados.
Frente a lo que consideran un estancamiento en los trabajos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ), los familiares recurrieron a la vía judicial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también había advertido sobre la ralentización de los avances por la falta de acceso a documentación militar.
La resolución establece que, dada la gravedad del caso y su impacto social, los documentos no pueden clasificarse como reservados. Además, recuerda que en septiembre de 2023 un tribunal ya había ordenado a las fuerzas armadas preservar íntegramente cualquier archivo relacionado.
A más de once años de la desaparición en Iguala, el caso Ayotzinapa sigue abierto, mientras las familias mantienen su exigencia de acceso pleno a la información que pueda contribuir a esclarecer el destino de los estudiantes.
