Jorge Alberto Camacho: de fiscal acusado por cobrar millones para frenar casos, a vender defensa penal y decirse intocable por las autoridades de Michoacán 

Morelia, Mich., a 15 de abril de 2026.- Con una imagen pulida y un mensaje que promete “defensa estratégica” y “confidencialidad absoluta”, Jorge Alberto Camacho Delgado promociona hoy sus servicios como abogado penalista en Morelia. Su despacho ofrece asesoría especializada en el mismo terreno donde, hasta hace poco, operaba desde el poder público hasta que las denuncias por corrupción en su contra, obligaron a su salida impune del área se Asuntos Especiales de la Fiscalía General de Michoacán.

Lejos de tratarse de un episodio aislado, las denuncias difundidas por sus propias víctimas apuntan a un mismo patrón. Mientras ocupaba un cargo clave dentro de la Fiscalía, Camacho habría utilizado el control de carpetas de investigación y decisiones penales para presionar a víctimas y negociar resultados a cambio de dinero. En un caso, relacionado con un fraude por 8.2 millones de pesos, el representante de una empresa denunció que se le exigieron pagos por cientos de miles para judicializar la carpeta y obtener órdenes de aprehensión. El dinero comenzó a entregarse, pero las acciones prometidas no se concretaron como se ofreció.

En otro testimonio, la presión tomó una forma distinta, pero con el mismo desenlace. Un médico michoacano relató que, cuando él enfrentaba su divorcio y Camacho aún era fiscal, fue detenido tras un cateo nocturno en su vivienda, donde agentes armados irrumpieron y lo sometieron junto a su familia. Aunque no se encontraron elementos sólidos, la persecución no terminó ahí. Se abrieron nuevas carpetas, surgieron denuncias anónimas y el acoso institucional lo llevó a abandonar el estado. La salida, según su versión, no fue jurídica, sino económica: pagar 800 mil pesos para obtener un “no ejercicio de la acción penal” y frenar el hostigamiento.

Ambos casos, distintos en contexto pero idénticos en lógica, coinciden en un punto central: el uso del sistema penal como herramienta de presión económica mientras el propio Camacho ejercía funciones como fiscal. En ese entramado también aparece el nombre de René Carlos Espinosa Albarrán, agente del Ministerio Público señalado en denuncias como intermediario en la gestión de pagos y enlace con las víctimas, lo que sugiere que las decisiones no operaban de manera aislada. A pesar de la gravedad de los señalamientos, las consecuencias han sido limitadas. 

La separación del cargo marcó un quiebre, pero no ha derivado en procesos penales visibles que esclarezcan responsabilidades. Ese vacío ha alimentado versiones sobre una posible protección institucional, en las que se menciona a Anabel Bravo Román, quien se encuentra en la vicefiscalía de Inteligencia e Investigación Criminal, y presume ser y actúa como protegida del fiscal general Carlos Torres Piña. Hasta ahora, no existe confirmación oficial de ese respaldo, pero la falta de resultados mantiene viva la sospecha.

Hoy, el contraste resulta inevitable. Jorge Alberto Camacho Delgado ya no toma decisiones desde la Fiscalía, pero ofrece moverse con soltura dentro del mismo sistema. Su nuevo negocio se construye sobre la experiencia adquirida en el ejercicio del poder, justo en el ámbito donde fue señalado por presuntas irregularidades.

El caso deja una interrogante difícil de ignorar: si las denuncias apuntan a que la justicia pudo condicionarse al dinero cuando estaba en funciones, ¿qué significa ahora que ese mismo conocimiento se ofrece como servicio privado?