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MensajearCiudad de México, a 1 de diciembre de 2025.- La designación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de la República — tras dejar la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) — debería ser un acontecimiento de esperanza para la justicia en México. Pero su currículum en la capital pinta una realidad mucho más sombría: impunidad sistemática, señalamientos serios de abuso del poder, y graves dudas sobre su compromiso con los derechos humanos y la justicia imparcial.
Impunidad: cifras que desmienten sus promesas
Bajo su gestión, la FGJ-CDMX terminó con datos alarmantes: de acuerdo con un estudio de la organización civil México Evalúa, en 2022 la impunidad general alcanzó 99.1 %.
Según estos informes, solo se denunció una fracción mínima de los delitos cometidos — la mayoría jamás llegan siquiera a carpeta de investigación.
De los pocos casos abiertos, una proporción enorme quedó “congelada”: sin avances, sin juicios, sin respuestas a víctimas.
Ese panorama de impunidad constante contradice directamente el objetivo de cualquier fiscalía: proteger a víctimas, procesar delincuentes, impartir justicia. Pero en esta administración, esos fines fueron sistemáticamente fallidos.
Casos emblemáticos de injusticia e interrogantes sobre modus operandi
El episodio más dramático: el supuesto asesinato del hermano del entonces fiscal general federal. Bajo la administración de Godoy se detuvo a dos mujeres, acusadas sin pruebas concluyentes. Años después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó amparo y ordenó su libertad: determinó que no había elementos suficientes, y deslizó la probabilidad de una “fabricación de la conducta delictiva”.
Este caso no es un episodio aislado sino un símbolo de lo que muchos denuncian: un uso arbitrario del poder penal, construido a modo, en función de intereses políticos.
Y no termina ahí. La administración de Godoy también fue acusada de espionaje político, tras una investigación del The New York Times que reveló que la Fiscalía solicitó datos telefónicos de políticos opositores — senadores, alcaldes, funcionarios públicos — supuestamente bajo carpetas de desapariciones y secuestros.
Cuando se hizo pública la denuncia, la Fiscalía respondió acusando al diario de “mentir” y anunció una investigación interna. Pero hasta ahora no se conocen resultados claros: nadie ha sido sancionado, y las dudas siguen vigentes.
Además, su gestión estuvo plagada de denuncias de negligencia grave, lentitud procesal, desatención a víctimas reales — como en casos de feminicidios, desapariciones, violencia de género —, mientras los expedientes permanecían abiertos por años, sin avance.
¿Qué representa su llegada a la FGR? Una bomba institucional disfrazada
Con este historial, la llegada de Godoy a la Fiscalía nacional no debe verse como un “relevo técnico” sino como una señal de riesgo para la justicia en México. Significa avivar la impunidad estructural, legitimar prácticas de criminalización arbitraria, erosionar la confianza ciudadana y erosionar derechos de víctimas.
En un país que reclama combate al crimen, sanción a la corrupción y respeto a los derechos humanos, su designación representa lo opuesto: un retroceso institucional. Con Godoy al mando, la FGR corre el riesgo de seguir siendo una herramienta política más — no en un garante de justicia.
