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MensajearZamora, Mich., a 4 de septiembre de 2025.- La sombra del crimen organizado y la violencia política vuelve a colocarse sobre Zamora. Documentos judiciales y denuncias partidistas apuntan a que la Policía Municipal, bajo el mando de Eduardo Alberto Álvarez Estrada —recientemente detenido como líder de una célula ligada al crimen organizado—, habría sido utilizada en febrero de 2024 para reprimir a militantes panistas contrarios al entonces alcalde Carlos Soto, en una elección interna clave que definió su candidatura a la reelección.
El 11 de febrero de 2024, la jornada panista amaneció cercada por agentes municipales. El Comité Directivo Estatal del PAN condenó de inmediato los hechos y acusó al gobierno local de utilizar la fuerza pública para intimidar y golpear a la precandidata Eréndira Castellanos Pallares y a su equipo.
“Condenamos la violencia de la que ha sido víctima la precandidata por parte de la Policía de Zamora que, de forma injustificada, cercó desde temprana hora el Comité Municipal del PAN, afectando la jornada electoral interna”, denunció entonces Cuquita Cabrera Hermosillo, dirigente estatal panista.
Videos publicados en redes sociales por la propia Castellanos mostraron forcejeos con agentes uniformados que le arrebataron sus teléfonos celulares. La precandidata, entre lágrimas, afirmó: “Me siento frustrada, me siento indignada, este no es el trato que merecemos la ciudadanía ni los panistas”.
La represión fue tal que, según denunció el PAN, al menos un simpatizante fue detenido y otros más resultaron golpeados.
La carpeta electoral y el fallo del TEEM
Las denuncias de Castellanos dieron origen al expediente TEEM-PES-VPMG-024/2024, resuelto por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM). En su análisis, el tribunal consideró que existían indicios claros de violencia política contra las mujeres en razón de género, al acreditarse la intervención de la Policía Municipal en un proceso interno del PAN, así como agresiones físicas, verbales y el despojo de pertenencias.
El TEEM señaló la presunta responsabilidad de Carlos Alberto Soto Delgado, presidente municipal de Zamora, así como de Ricardo Valencia Vega (director de Comunicación Social), Felipe Armando Umaña Melo (secretario del Ayuntamiento) y Cuauhtémoc Bonilla García (coordinador de Desarrollo Social), además de varios policías municipales identificados como partícipes de los hechos.
Aunque turnó partes del caso a otras instancias para deslindar responsabilidades penales y administrativas, el tribunal dejó establecido que lo ocurrido el 11 de febrero de 2024 encuadraba como un caso de violencia política de género, reforzando la gravedad de lo ocurrido en la elección interna panista.
El vínculo con “El Alfa”
Meses más tarde, en agosto de 2025, el nombre del entonces director de Seguridad Pública de Zamora, Eduardo Alberto Álvarez Estrada, alias El Alfa, volvió a salir a la luz, pero ya no en el terreno político, sino en el delictivo. Autoridades federales informaron su papel como cabecilla de “Los Alfas”, una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)dedicada al secuestro, homicidio, extorsión y narcotráfico en el Valle de Toluca.
Álvarez Estrada —con historial en las Fuerzas Armadas, la extinta Policía Judicial de Michoacán y la SSP estatal— se mantuvo tres años al frente de la Policía Municipal de Zamora (2021-2024) bajo el mando del alcalde Carlos Soto, periodo en que la ciudad se mantuvo entre las más violentas del mundo.
De acuerdo con información oficial, durante su gestión percibió más de un millón y medio de pesos como funcionario, aunque mantuvo un perfil público prácticamente inexistente. Hoy, su captura y su confesada militancia criminal abren preguntas sobre el grado de infiltración del CJNG en la administración municipal y sobre la legitimidad de procesos políticos locales que contaron con la participación directa de la corporación bajo su mando.
Silencio en la alcaldía
Hasta ahora, el alcalde Carlos Soto no ha emitido pronunciamiento sobre los señalamientos de que la policía bajo su administración habría sido utilizada como instrumento de represión política, ni sobre las repercusiones que tiene la captura de su exjefe policiaco en la credibilidad de su gobierno. El alcalde tampoco se ha posicionado por la captura de su ex funcionario que resultó ser un alto cabecilla del crimen.
