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MensajearMorelia, Mich., a 6 de febrero de 2026.— El Gobierno federal no descarta la aplicación del Operativo Enjambre en Michoacán, pero condiciona cualquier acción a la existencia de denuncias formales, aun cuando informes de inteligencia militar identificaron previamente a casi una cuarta parte de los alcaldes del estado como presuntos focos de riesgo por vínculos con el crimen organizado.
Así lo expresaron la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al ser cuestionados sobre la posibilidad de desplegar el Enjambre en una de las entidades con mayor historial de violencia y captura institucional del país. Ambos funcionarios subrayaron que no existen investigaciones preventivas dirigidas a funcionarios públicos y que toda acción se deriva exclusivamente de denuncias ciudadanas que permitan abrir carpetas formales ante la Fiscalía y obtener órdenes judiciales.
Harfuch sostuvo que el Operativo Enjambre responde a la instrucción presidencial de “cero impunidad” y explicó que las detenciones realizadas en otros estados no obedecen a persecuciones políticas, sino al desarrollo de investigaciones que, tras capturas de integrantes del crimen organizado, revelan la participación de servidores públicos. En ese sentido, señaló que cuando existen indicios y pruebas suficientes, el gobierno actúa y lo informa públicamente.
Sheinbaum reforzó esa postura al afirmar que no se investiga a funcionarios por el simple hecho de ocupar un cargo, sino a partir de denuncias ciudadanas. Como ejemplo, citó el caso del alcalde de Tequila, Jalisco, cuya detención —dijo— se originó tras múltiples denuncias de empresarios y ciudadanos, algunas recibidas directamente por ella, que derivaron en una investigación formal de la Fiscalía General de la República.
El antecedente que cambia la dimensión del debate
La exigencia de denuncias adquiere otra dimensión cuando se revisa un antecedente clave para Michoacán. En septiembre de 2021, documentos internos del entonces Centro Nacional de Inteligencia, filtrados por el colectivo Guacamaya, revelaron que 29 alcaldes del estado fueron clasificados como “bajo sospecha” por presuntos vínculos con organizaciones criminales.
Michoacán cuenta con 113 municipios. Esto significa que el 25.6 por ciento de los alcaldes en funciones en aquel momento —uno de cada cuatro— aparecía en reportes de inteligencia militar como posible riesgo de infiltración criminal. Los documentos, de carácter interno y sin valor judicial por sí mismos, señalaban presuntas relaciones políticas con grupos delictivos, protección institucional y financiamiento ilícito de campañas municipales.
No se trató de denuncias ciudadanas ni de versiones extraoficiales, sino de evaluaciones elaboradas desde el propio aparato del Estado, utilizadas como mapas de riesgo para la toma de decisiones estratégicas.
Sospechas sin consecuencias visibles
Pese a la magnitud del señalamiento, no se anunció entonces una investigación masiva ni se desplegó un operativo coordinado para depurar gobiernos municipales en Michoacán. Tampoco se informó públicamente si los nombres incluidos en los reportes fueron descartados tras revisiones internas o si las alertas quedaron archivadas.
Con el paso de los años, varios de los actores señalados continuaron activos en la vida política, buscaron la reelección, regresaron a competir por cargos públicos o mantuvieron influencia regional, sin que se diera a conocer una resolución oficial sobre los señalamientos contenidos en los informes de inteligencia.
Hoy, mientras el Operativo Enjambre exhibe en otros estados cómo operan las redes de colusión entre autoridades locales y el crimen organizado, Michoacán carga con el antecedente de haber sido identificado como un foco rojo… sin que se haya aplicado una estrategia similar.
Denunciar en un estado bajo presión criminal
Desde la Presidencia se insiste en que la denuncia es el punto de partida indispensable. Sin embargo, especialistas y actores locales han señalado que Michoacán es un territorio donde denunciar implica riesgos reales, en municipios donde el control criminal, la intimidación y la violencia han sido parte de la vida cotidiana durante años.
En ese contexto, la exigencia de denuncias ciudadanas como condición para actuar deja un vacío evidente: el silencio no siempre es sinónimo de ausencia de delitos, sino de miedo estructural.
Un estado en espera
Michoacán ha sido escenario de asesinatos de alcaldes, disputas territoriales entre cárteles, surgimiento de grupos armados y múltiples episodios de captura institucional. A ello se suma un antecedente documentado en el que una cuarta parte de sus alcaldes fue colocada bajo la lupa de la inteligencia militar.
Aun así, el Operativo Enjambre no ha sido activado en la entidad.
La incógnita abierta
Si existen reportes de inteligencia, mapas de riesgo y antecedentes documentados que advierten sobre una infiltración a gran escala en gobiernos municipales, la pregunta persiste: ¿cuántos de esos actores siguen influyendo en la política local?, ¿cuántos municipios operaron —o siguen operando— bajo sospecha?, ¿y cuánto tiempo más puede Michoacán permanecer a la espera de un operativo que ya ha mostrado su alcance en otros estados?
Por ahora, la postura oficial es clara: sin denuncias, no hay Enjambre.
El antecedente, sin embargo, sigue ahí: uno de cada cuatro alcaldes estuvo bajo la lupa del propio Estado mexicano.
