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MensajearCuliacán, Sin., a 2 de mayo de 2026.— En una entrevista que concedió el exalcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres, mejor conocido como “El Químico”, que se da en un momento particularmente delicado para la política sinaloense, coincide con la crisis desatada tras las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya por presuntos vínculos con el narcotráfico, un señalamiento que ya derivó en su separación temporal del cargo y en tensiones diplomáticas entre ambos países.
En una entrevista con el periodista Juan Pablo Pérez-Díaz, Benítez Torres lanzó acusaciones directas contra Rocha Moya, a quien señaló de haberlo amenazado de muerte durante el proceso interno de selección de candidatura en Morena.
Según su testimonio, el entonces aspirante a la gubernatura le habría advertido que “le iba a pasar algo” si no se retiraba de la contienda, lo que el exalcalde interpretó como una amenaza directa contra su vida.
El también conocido como “El Químico” afirmó además que el actual mandatario estatal habría pagado alrededor de 40 millones de pesos a personas cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador para asegurar la candidatura, pese a que —según dijo— él encabezaba las preferencias en las encuestas internas. En la misma línea, atribuyó a Enrique Inzunza Cázarez el papel de operador clave en las decisiones “más delicadas y oscuras” del gobierno estatal.
Las declaraciones se producen mientras el nombre de Rocha Moya se encuentra bajo escrutinio internacional. Autoridades estadounidenses han presentado acusaciones formales en su contra y de otros funcionarios, señalándolos de presunta colaboración con el crimen organizado, lo que ha derivado en solicitudes de extradición. En México, la Fiscalía General de la República ha señalado que, por ahora, no existen elementos suficientes para proceder en ese sentido, abriendo un contraste entre ambas jurisdicciones.
En este contexto, los dichos de Benítez Torres adquieren una nueva dimensión pública: si bien carecen hasta el momento de respaldo documental o judicial, coinciden en tono y gravedad con los señalamientos que hoy colocan al gobierno de Sinaloa en el centro de una crisis política. El exalcalde sostuvo que durante la administración estatal existió presión sistemática sobre presidentes municipales, y que al menos tres de ellos fueron removidos de manera irregular por no alinearse con el grupo en el poder.
A lo largo de la entrevista, el exfuncionario evitó hacer acusaciones directas sobre vínculos criminales, pero sugirió que las formas de operar del gobierno estatal “apuntan a una relación peligrosa”, en referencia al contexto de violencia e inseguridad en la entidad. También aseguró que decidió hacer públicas estas declaraciones porque, dijo, “ya no puede callar”.
Hasta el momento, ni Rocha Moya ni los funcionarios señalados han respondido públicamente a estas declaraciones. Sin embargo, la coincidencia entre este testimonio y el escenario judicial abierto en Estados Unidos añade presión a un caso que ya escaló del ámbito local al internacional.
La evolución de las investigaciones, tanto en México como en el extranjero, será clave para determinar si estas acusaciones permanecen en el terreno político-mediático o si logran traducirse en procesos judiciales formales. Mientras tanto, Sinaloa enfrenta un escenario de alta incertidumbre institucional, donde los testimonios, las imputaciones y las decisiones legales comienzan a entrelazarse.
