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MensajearCoahuayana, Mich., a 8 de diciembre de 2025.— El sábado 6 de diciembre de 2025 un vehículo cargado con explosivos detonó frente a la sede de la policía comunitaria de Coahuayana, dejando un saldo de cinco muertos y al menos 7 heridos. El estallido, atribuido a un coche bomba que incursionó a Michoacán desde Colima, causó además graves daños a inmuebles, negocios y vehículos — y colocó de nuevo a la región bajo el ojo del crimen organizado.
Lo más sorprendente, sin embargo, no fue la explosión en sí, sino la ausencia de respuesta pública del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. El ataque ocurrió apenas 72 horas después de una de sus visitas oficiales a Michoacán, en el contexto de la estrategia de seguridad desplegada recientemente en la entidad.
Un ataque al plan de seguridad y al discurso oficial
Durante los días previos, Michoacán ya había sido señalado como foco de violencia organizada. Las autoridades federales habían activado el despliegue del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con la promesa de reforzar la presencia del Estado en las zonas más conflictivas del estado.
La explosión en Coahuayana representa un duro revés para ese esfuerzo: un golpe simbólico y real contra la narrativa de control y seguridad que se intenta imponer. Que el atentado haya ocurrido tan cerca de una visita oficial de alto nivel cuestiona la efectividad operativa — y de inteligencia — de las fuerzas federales en Michoacán, así como la capacidad de anticipación ante amenazas mortales.
El silencio de Harfuch: ¿estrategia, descuido o miedo a la crítica?
Aunque desde la Fiscalía y autoridades de Michoacán se informó que la investigación está siendo atraída por la Fiscalía General de la República (FGR), que ya abrió carpeta por delito de delincuencia organizada, extraña que García Harfuch no haya emitido una declaración pública contundente, condenando el hecho o informando a la ciudadanía.
Normalmente, en situaciones de esta magnitud, se esperaría una rápida reacción del titular de seguridad: un mensaje de condena, la promesa de reforzar operativos, o explicaciones sobre lo ocurrido. Pero su silencio no sólo llama la atención: erosiona la confianza en que exista una estrategia clara y firme para contener la violencia.
Además, la explosión coincidió con un día de celebración política: el sábado 6 de diciembre, la mandataria federal, Claudia Sheinbaum, realizaba un acto de conmemoración de “transformaciones” en la capital, lo cual podría contrastar fuertemente con el estallido de violencia en Michoacán, a escasas horas de distancia.
El silencio de Harfuch — en un contexto tan delicado — podría representar un desgaste simbólico: los slogans de mano dura contra el crimen, el despliegue de fuerzas federales, los operativos… todo ello corre el riesgo de percibirse como marketing, piezas de un discurso previas a tomarse una foto, más que acciones efectivas para garantizar la seguridad.
Para los habitantes de Michoacán, especialmente en zonas como Coahuayana, la explosión y la falta de respuesta visible refuerzan la sensación de abandono, vulnerabilidad y desprotección.
Para el gobierno federal, significa una prueba de fuego: o responde con resultados reales o la narrativa de control se verá seriamente comprometida.
