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MensajearWashington DC., EEUU, a 30 de junio de 2026.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aseguró este martes que las ganancias obtenidas por los cárteles mediante el tráfico ilegal de combustibles no sólo fortalecen sus operaciones criminales, sino que también son utilizadas para financiar campañas políticas y realizar pagos a medios de comunicación en México, con el propósito de favorecer la llegada de funcionarios corruptos que faciliten sus actividades ilícitas.
La afirmación forma parte del anuncio mediante el cual la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red para el Control de Delitos Financieros (FinCEN) impusieron nuevas sanciones contra operadores vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación por su participación en redes de contrabando de combustibles entre Estados Unidos y México.
De acuerdo con el gobierno estadounidense, las organizaciones criminales aprovechan las millonarias ganancias generadas por la venta ilegal de gasolina, diésel y otros hidrocarburos para influir en procesos políticos, corromper estructuras gubernamentales y facilitar el acceso a contratos públicos que posteriormente sirven para lavar recursos de procedencia ilícita. El documento sostiene además que esos recursos también son destinados a medios de comunicación, aunque no identifica personas, empresas o instituciones específicas que hayan recibido dichos pagos.
Las autoridades estadounidenses sostienen que el denominado huachicol fiscal se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de los cárteles mexicanos, incluso por encima de otras actividades ilícitas distintas al narcotráfico. El esquema contempla el ingreso irregular de combustibles desde Estados Unidos mediante documentación falsa, empresas fachada y evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), generando pérdidas multimillonarias para el Estado mexicano.
Como parte de estas acciones, el Departamento del Tesoro sancionó a empresarios y compañías presuntamente relacionadas con la red financiera del CJNG, acusándolos de operar empresas fachada, falsificar documentos aduanales y facilitar el movimiento transfronterizo de combustibles para beneficiar económicamente a la organización criminal.
Las sanciones implican el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o empresas de ese país, además de advertir sobre posibles sanciones secundarias contra instituciones financieras extranjeras que colaboren con los operadores designados.
El señalamiento sobre el presunto financiamiento de campañas políticas y medios de comunicación constituye uno de los apartados más sensibles del informe, al sugerir que las ganancias derivadas del tráfico ilegal de combustibles estarían siendo utilizadas para influir en decisiones gubernamentales y consolidar redes de corrupción que favorecen la expansión de las organizaciones criminales en México. No obstante, el comunicado no presenta públicamente nombres concretos de políticos, partidos o medios presuntamente involucrados.
