Con Fanny Arreola, Apatzingán, Michoacán, se convierte en un campo minado; Ejército asegura casi tres explosivos al día y desactiva más de 620 en menos de un año

Apatzingán, Mich., a 3 de julio de 2026.- Mientras el discurso oficial del gobierno municipal encabezado por Fanny Arreola insiste en proyectar una imagen de normalidad, la realidad expuesta por la Secretaría de la Defensa Nacional dibuja un panorama radicalmente distinto: entre noviembre de 2025 y junio de 2026, personal militar localizó y desactivó 625 artefactos explosivos improvisadosen la región de Apatzingán, un promedio cercano a tres explosivos por día, una cifra que refleja el nivel de violencia que enfrenta la Tierra Caliente y que coloca al municipio como uno de los principales focos rojos del país.

Durante su conferencia en Morelia, el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, reveló que los artefactos corresponden principalmente a minas antipersonales y explosivos adaptados para ser lanzados mediante drones, localizados en comunidades como El Alcalde y El Guayabo. El propio Ejército reconoció que el fenómeno ha alcanzado tal dimensión que ya desarrolla vehículos antiminas y analiza incorporar tecnología especializada para detectar explosivos ocultos.

Las declaraciones representan un reconocimiento oficial de que en esta región ya no sólo se enfrentan delitos convencionales, sino tácticas propias de conflictos armados irregulares. La utilización de minas terrestres y drones explosivos evidencia una escalada que rebasa los esquemas tradicionales de seguridad pública.

El mando militar atribuyó esta situación a la disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros grupos criminales que buscan controlar la región de Apatzingán y expandirse hacia Tepalcatepec y Coalcomán. La confrontación, admitió, ha incrementado el riesgo para la población civil y provocado el desplazamiento de familias enteras.

Comunidades como El Guayabo, Cueramatillo y Cueramato fueron mencionadas expresamente por el secretario de la Defensa como localidades donde habitantes han abandonado sus viviendas por miedo a la violencia y a la presencia de explosivos colocados en caminos rurales y parcelas.

Frente a este escenario, la administración municipal encabezada por la alcaldesa Fanny Arreola enfrenta crecientes cuestionamientos por la ausencia de una estrategia visible para atender las consecuencias sociales de la crisis que vive el municipio. Mientras las fuerzas federales despliegan personal especializado para localizar y destruir minas, en el ámbito local no se han observado acciones de prevención, programas públicos dirigidos a las comunidades afectadas ni un posicionamiento firme sobre el desplazamiento de familias.

Las cifras presentadas por la Defensa también desnudan la profundidad del problema. Desactivar 625 artefactos en apenas ocho meses implica que las organizaciones criminales mantienen una colocación constante de explosivos, convirtiendo caminos, brechas y zonas agrícolas en espacios de alto riesgo para campesinos, ganaderos y habitantes que diariamente transitan por ellos.

La gravedad de la situación ha obligado incluso al Ejército a adaptar sus capacidades operativas mediante unidades especializadas, equipo de desactivación y proyectos tecnológicos para enfrentar una amenaza que hasta hace pocos años era prácticamente inexistente en México.

Lejos de la narrativa oficial que pretende mostrar estabilidad, el reconocimiento del propio Gobierno Federal confirma que la violencia en Apatzingán ha alcanzado niveles inéditos. Más de seiscientos explosivos retirados, comunidades desplazadas y el uso sistemático de minas antipersonales reflejan una realidad que difícilmente puede ocultarse y que coloca al municipio en una de las etapas más críticas de su historia reciente.