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MensajearCiudad de México, a 20 de mayo de 2026.- Un tribunal de Florida, en Miami, ordenó a la familia Weinberg pagar 578.5 millones de dólares al Estado mexicano como parte de la reparación del daño derivado de un presunto esquema de corrupción relacionado con contratos de seguridad pública durante el sexenio de Felipe Calderón.
La resolución involucra a Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, señalados por autoridades mexicanas como socios y presuntos prestanombres de Genaro García Luna. Ambos fueron incluidos en una demanda civil impulsada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en Estados Unidos.
De acuerdo con la investigación, García Luna habría aprovechado su posición como titular de Seguridad Pública y posteriormente sus conexiones para desviar recursos públicos mediante contratos inflados relacionados con tecnología y seguridad. La UIF sostiene que parte de esos recursos terminaron en empresas vinculadas con el exfuncionario y personas cercanas a él.
La sentencia contra la familia Weinberg se suma a la emitida en mayo de 2025 contra Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, quienes fueron condenados a cubrir más de 2 mil 488 millones de dólares por el presunto desvío de recursos públicos.
Con ambas resoluciones, el Estado mexicano tendría derecho a recuperar alrededor de 3 mil 067 millones de dólares vinculados a este caso. Según explicó la UIF, las sentencias forman parte de un acuerdo que contempla la entrega y liquidación de bienes localizados en diferentes jurisdicciones para cubrir parcialmente los montos fijados por la autoridad judicial.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, desde el sexenio anterior, la UIF inició procedimientos civiles en Estados Unidos para recuperar activos presuntamente relacionados con operaciones ilícitas atribuidas a García Luna y su red de colaboradores.
La dependencia señaló que, mediante documentos financieros, testimonios y mecanismos de cooperación internacional, se logró identificar la participación de personas físicas y empresas presuntamente involucradas en la obtención irregular de contratos públicos y en el movimiento y ocultamiento de recursos.
