Compartir
Twittear
MensajearCiudad de México, 21 de mayo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, organismo que dependería del Instituto Nacional Electoral (INE).
El objetivo de la propuesta es impedir que personas con posibles vínculos con la delincuencia organizada puedan contender por cargos públicos en futuros procesos electorales, especialmente rumbo a las elecciones de 2027.
Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria explicó que la iniciativa busca establecer un mecanismo preventivo que permita a los partidos políticos conocer si alguno de sus aspirantes representa un riesgo por posibles antecedentes relacionados con grupos criminales.
Sheinbaum aclaró que la propuesta respetará en todo momento el principio constitucional de presunción de inocencia y precisó que la evaluación no implicará sanciones automáticas, sino información que los partidos podrán considerar al momento de definir candidaturas.
La consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, detalló que la nueva comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales elegidos por el Consejo General del INE para un periodo de tres años.
El organismo funcionaría como enlace entre partidos políticos y dependencias de seguridad e inteligencia, permitiendo consultar información con instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la propuesta, los partidos entregarían voluntariamente las listas de aspirantes para su revisión.
Posteriormente, las autoridades determinarían si existe o no un “riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada y la Comisión comunicaría el resultado a los institutos políticos.
La decisión final sobre registrar o no una candidatura seguiría siendo responsabilidad de cada partido; sin embargo, si las autoridades detectan información relevante, podrán continuar las investigaciones correspondientes conforme a sus atribuciones.
Además, quienes aspiren a un cargo de elección popular deberán autorizar expresamente ser evaluados por la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas como requisito para participar.
El Gobierno federal señaló que todo el proceso se desarrollará bajo estricta confidencialidad para proteger el debido proceso y el carácter reservado de la información obtenida.
