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MensajearChurumuco, Mich., a 4 de julio de 2026.– El municipio de Churumuco vuelve a colocarse en el centro de la tensión en Tierra Caliente, luego de que habitantes desplazados denunciaran la existencia de un presunto entramado de control político y criminal que —según sus testimonios— ha derivado en años de extorsiones, despojo de tierras, amenazas y desplazamiento forzado de familias enteras.
En entrevista ante las cámaras y micrófonos de Noventa Grados, una de las víctimas afirmó que el origen del problema se remonta a la consolidación de un grupo político familiar en el poder municipal desde alrededor de 2009, periodo en el que —según su versión— el control del Ayuntamiento habría quedado concentrado en manos de la familia Barrera Estrada, señalando a Gabino Barrera Estrada como figura central del presunto aparato de control local.
De acuerdo con el testimonio, la dinámica de poder en el municipio habría evolucionado de la política hacia la coerción directa: “A quien no los apoye en lo político lo desplazan, si bien les va… o los silencian, los matan o los desaparecen”, relató la persona desplazada.
La persona denunciante aseguró que fue obligada a abandonar su comunidad tras no poder cubrir una supuesta exigencia económica: “Me pedían una fuerte suma de dinero… si no la tenía, me dieron minutos para salir del municipio”, afirmó.
Los desplazados sostienen que el control no se limita al ámbito político, sino que se extiende a la vida cotidiana del municipio, donde —según dicen— la permanencia en la región estaría condicionada a pagos, amenazas y obediencia.
Otro de los señalamientos más graves apunta a la presunta infiltración de estructuras institucionales, particularmente dentro de la Fiscalía estatal. Los testimonios mencionan a un funcionario identificado como Vladimir Chino Camacho, a quien acusan de presuntamente filtrar información sobre operativos, lo que —según los denunciantes— habría permitido la evasión de acciones de seguridad.
Los entrevistados aseguran que este presunto flujo de información explicaría por qué ciertos operativos no habrían tenido resultados, e incluso habrían derivado en bloqueos y movilizaciones forzadas de población civil para frenar el ingreso de fuerzas de seguridad.
En el trasfondo del conflicto, los desplazados también vinculan hechos de violencia ocurridos en la región, incluyendo el asesinato del exalcalde Guillermo Torres, como parte de un entorno de disputas políticas y criminales aún no esclarecidas oficialmente.
“Las denuncias están, pero no avanzan. Se congelan”, señalan, al acusar una falta de resultados en las investigaciones y una percepción creciente de impunidad.
Hartazgo social y punto de quiebre
En el testimonio recogido, los desplazados describen un escenario de agotamiento colectivo que ha ido escalando con los años. Afirman que decenas de familias abandonaron sus hogares dejando atrás propiedades, terrenos y pertenencias, en medio de un clima de miedo persistente.
Ese desgaste, aseguran, ha generado un punto crítico: “Ya es un hartazgo total… queremos regresar a nuestras tierras”, expresan.
Ante la falta de respuestas institucionales, los entrevistados advierten que el conflicto podría escalar hacia formas de organización comunitaria de defensa, ante la imposibilidad de retorno seguro por vías legales o de seguridad.
Aunque no existe confirmación oficial de estos hechos en los términos planteados por los denunciantes, el discurso refleja una creciente fractura entre población desplazada y autoridades, así como una demanda urgente de intervención estatal y federal.
Llamado directo al gobierno
Los afectados aseguran haber buscado apoyo en distintas instancias sin obtener respuestas efectivas, por lo que han dirigido su exigencia directamente al gobierno estatal y federal, solicitando garantías para regresar a sus comunidades y recuperar sus viviendas.
Mientras tanto, Churumuco permanece como un territorio marcado por la tensión, el desplazamiento y la desconfianza institucional, en medio de denuncias que, de acuerdo con los propios habitantes, no han encontrado cauce en las investigaciones oficiales.
