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Mensajear*RSF mantiene al CJNG y otros cárteles en su lista de depredadores de la libertad de prensa de 2026. La violencia criminal, la desprotección gubernamental y las dificultades para investigar los ataques cercan a quienes informan desde los estados y municipios.
Ciudad de México, a 2 de noviembre de 2026.— México acumula 169 periodistas asesinados desde 2006, de los cuales 166 —el 98%— ejercían el periodismo local, de acuerdo con una investigación de Reporteros Sin Fronteras (RSF). El balance muestra la vulnerabilidad de quienes cubren los hechos más cercanos a sus comunidades y enfrentan intereses criminales y políticos con escasas garantías de seguridad.
La publicación de la lista de Depredadores de la Libertad de Prensa 2026, difundida este 2 de noviembre, renueva la advertencia. RSF incluye al “Cártel Jalisco Nueva Generación y otros cárteles” en la categoría de seguridad, dedicada a actores que matan, agreden o encarcelan a periodistas. La edición reúne a 33 personas, organizaciones e instituciones señaladas por ataques contra el ejercicio informativo en el mundo.
El CJNG ya figuraba en la edición de 2025. La novedad es su permanencia bajo una denominación que incorpora expresamente a otros cárteles mexicanos. El señalamiento no atribuye al CJNG la totalidad de los asesinatos registrados en el país ni sustituye las investigaciones necesarias para determinar responsabilidades individuales.
La violencia golpea a quienes informan desde lo local
La investigación histórica de RSF identifica que Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua y Tamaulipas concentran la mitad de los asesinatos documentados desde 2006. También describe zonas donde organizaciones criminales buscan controlar lo que publican los medios, en ocasiones con tolerancia o participación de autoridades.
La impunidad profundiza esa amenaza: según la organización, el 99% de los crímenes de su registro no se ha esclarecido plenamente. Aunque existen sentencias y casos parcialmente resueltos, persisten pendientes para identificar a quienes ordenaron los ataques y establecer sus motivos.
El riesgo se agrava cuando quienes deben recibir una denuncia o garantizar protección están vinculados con intereses afectados por la cobertura. En su diagnóstico sobre México, RSF identifica la colusión entre funcionarios locales y crimen organizado como una amenaza grave para periodistas y para el funcionamiento de la justicia. También advierte sobre comunicadores que deben desplazarse a otras regiones o salir del país para sobrevivir.
Las agresiones rebasan la violencia letal
Los asesinatos forman parte de un entorno más amplio de intimidación. ARTICLE 19 documentó 451 agresiones contra la prensa en México durante 2025, además de siete asesinatos y una desaparición. Ciudad de México, Puebla y Veracruz registraron el mayor número de agresiones documentadas.
El indicador de “ambiente hostil”, que comprende discursos intimidantes, agresiones en línea y desplazamiento forzado, concentró el 44% de los casos. El informe fue presentado en mayo de 2026 y sus cifras corresponden al año anterior; no constituyen un balance de lo ocurrido durante 2026.
La precariedad económica añade dificultades. RSF señala que periodistas independientes y pequeños medios enfrentan problemas de sostenibilidad, mientras la distribución de publicidad gubernamental carece de garantías suficientes de equidad y transparencia.
Protección oficial con resultados insuficientes
En una evaluación publicada el 22 de octubre, RSF encontró algún avance en seis de los 22 compromisos sobre libertad de prensa asumidos por la presidenta Claudia Sheinbaum ante la organización. Solo uno mostró avance positivo; otros cinco registraron avances insuficientes.
El balance también señaló que no se habían documentado mejoras sustanciales del Mecanismo Federal de Protección, pese a un incremento presupuestario nominal cercano al 6.7% entre 2025 y 2026. Según RSF, durante una reunión celebrada el 21 de octubre, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reconoció retrasos y reiteró la voluntad gubernamental de acelerar el cumplimiento de los compromisos.
Entre las prioridades planteadas estuvieron revisar los expedientes de periodistas asesinados y fortalecer la capacidad de respuesta de los estados ante las amenazas. Para la organización, los anuncios deben traducirse en resultados verificables de prevención, protección y justicia.
La permanencia de los cárteles mexicanos en la lista de depredadores devuelve la atención a una exigencia pendiente: garantizar que investigar la violencia y el poder local pueda hacerse sin poner en riesgo la vida de quienes informan.
