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MensajearCiudad de México, 26 de marzo de 2026. — Lo que comenzó como una detención migratoria en territorio estadounidense amenaza con convertirse en un nuevo terremoto político: Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador César Duarte Jáquez, fue arrestada en Texas y ahora está en la mira de la justicia mexicana.
La Fiscalía General de la República confirmó que no solicitó su captura, pero el dato lejos de exonerarla enciende más alarmas: la caída ocurrió por intervención de autoridades migratorias de Estados Unidos, mientras en México ya existían investigaciones abiertas en su contra.
Una detención que reaviva fantasmas de corrupción
El nombre de Gómez Fong no es menor. Durante el sexenio de Duarte, fungió como figura clave en el DIF estatal, una institución que hoy vuelve al centro del huracán por posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Aunque el comunicado oficial evita detallar delitos, fuentes ligadas al caso en Chihuahua sostienen que las investigaciones giran en torno a desvíos millonarios y posibles esquemas de triangulación de dinero durante el gobierno duartista.
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua ya solicitó la intervención federal tras la detención, lo que abre la puerta a un proceso judicial en México.
De Texas a Chihuahua: la ruta de regreso
Actualmente bajo custodia migratoria en Estados Unidos, el siguiente paso podría ser una “deportación controlada”, figura que permitiría a autoridades mexicanas recibirla directamente para ponerla a disposición de la justicia.
La FGR confirmó que, a través de Interpol México, mantiene comunicación permanente con autoridades estadounidenses, en lo que parece ser el inicio de un proceso que podría escalar rápidamente.
El círculo se cierra
La detención de Gómez Fong revive inevitablemente el caso de su esposo, César Duarte, cuyo nombre quedó marcado por uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de Chihuahua.
Ahora, la caída de su esposa podría convertirse en una pieza clave para reabrir líneas de investigación que parecían estancadas.
Mientras el gobierno mexicano guarda silencio sobre los detalles, una cosa es clara: lo que inició como un asunto migratorio podría terminar en un proceso penal de alto impacto.
