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MensajearChihuahua, Chih., a 8 de diciembre de 2025.— La madrugada del domingo sacudió al estado norteño de Chihuahua: elementos federales detuvieron nuevamente al exgobernador César Duarte Jáquez, quien hasta hace meses caminaba con relativa libertad pese a su largo historial penal.
La captura, ejecutada por la Fiscalía General de la República (FGR), se dio en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida el 16 de mayo de 2024, basada en sospechas de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, un delito de alto impacto conocido comúnmente como lavado de dinero.
Esta vez, la justicia viene con filo afilado. No es una continuación del caso anterior: es un expediente nuevo, federal y más grande en implicaciones políticas y financieras.
Un regreso que pocos imaginaron
Duarte ya había vivido una primera caída: en julio de 2020 fue detenido en Miami, y en junio de 2022 extraditado a México por peculado y asociación delictuosa. Sin embargo, pese a la gravedad de las acusaciones y a las voces que exigían cárcel definitiva, el exmandatario obtuvo libertad condicionada y llevó su proceso bajo vigilancia con brazalete electrónico.
Muchos lo interpretaron como un regreso suave a la vida pública —pero el reloj judicial no había terminado de correr.
Las piezas que cambiaron el tablero
El golpe de hoy no surgió de la nada. El 4 de octubre de 2024 México solicitó autorización a Estados Unidos para procesarlo por delitos distintos a los originales; la autorización llegó meses después y la FGR actuó en cuanto tuvo vía legal para hacerlo.
La escena se configuró lentamente, como un expediente que respira en silencio hasta encontrar el momento exacto para cerrar.
Y ese momento llegó hoy.
Tras su presentación en Almoloya de Juárez, el juez determinará si el exgobernador regresa a prisión mientras avanza esta nueva investigación —una que promete revelar movimientos financieros, triangulaciones y presuntos desvíos de los que el país lleva años escuchando pero no viendo resoluciones firmes.
