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MensajearCiudad de México, a 24 de marzo de 2026.- Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos avalaron el denominado Plan B de la Reforma Electoral, con lo que se abre la posibilidad de que este ejercicio de la Revocación de Mandato se lleve a cabo el 6 de junio de 2027, fecha en la que también se celebrarán los comicios de mitad de sexenio.
En esa jornada electoral, considerada una de las más amplias del país, se renovarán diversos cargos de elección popular: 17 gubernaturas, la totalidad de la Cámara de Diputados, la cual está integrada por 500 legisladores, congresos locales y la mayoría de las presidencias municipales.
El dictamen fue aprobado en comisiones con el respaldo de Morena y el Partido Verde, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra; además, se registró la ausencia de legisladores del PT. En la Comisión de Puntos Constitucionales se obtuvieron 11 votos a favor y 5 en contra, mientras que en Estudios Legislativos el resultado fue de 13 a favor frente a 6 en contra. El documento será discutido en el Pleno del Senado este miércoles, donde se definirá su aprobación o rechazo.
Uno de los puntos que ha generado mayor controversia es que la propuesta permitiría a la titular del Ejecutivo federal participar en la difusión del proceso de revocación de mandato e incluso promover el voto a su favor, lo que coincidiría con las campañas de candidatos a distintos cargos de elección popular.
Ante ello, partidos de oposición expresaron su rechazo, al considerar que existiría una ventaja indebida. “Acción Nacional irá en contra de la iniciativa, porque además no elimina privilegios, porque les da más privilegios a la presidenta y no elimina costos, porque le da dinero público a la presidenta para promocionarse”, señaló el senador panista Marko Cortés Mendoza.
Además de este tema, el dictamen contempla modificaciones al artículo 116 constitucional para limitar el presupuesto de los congresos locales a un máximo de 0.70 por ciento del gasto total de cada entidad. También establece que ningún funcionario del Instituto Nacional Electoral, organismos electorales locales o tribunales electorales podrá percibir un salario mayor al de la presidenta de la República.
Otro de los ajustes incluidos es la reducción real del 15 por ciento al presupuesto del Senado, tomando como base el ejercicio de 2026 y aplicándose de manera gradual en cuatro años fiscales. Asimismo, se incorporaron precisiones en materia de paridad de género y se definió la integración de los ayuntamientos, los cuales estarán conformados por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías mediante elección popular directa.
