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MensajearApatzingán, Mich., a 25 de febrero de 2026.- En el corazón de la Tierra Caliente, Apatzingán vive días que parecen sacados de una zona de guerra no declarada. Drones que sobrevuelan comunidades rurales, artefactos explosivos improvisados sembrados en caminos de terracería y operativos constantes de fuerzas federales forman parte del paisaje cotidiano. Pero el estruendo no solo proviene de los enfrentamientos: también hay ruido político, acusaciones internas y un mensaje que llega desde otras regiones del estado: Michoacán ha comenzado a detener cuerpos completos de policía bajo sospecha.
Bajo el gobierno municipal de Fanny Arreola Pichardo, la seguridad pública se ha convertido en el eje de una narrativa que mezcla crisis, controversia y desconfianza social.
Drones y minas: la nueva cara del miedo
En comunidades cercanas a la cabecera municipal se ha vuelto común el uso de drones por grupos criminales para vigilancia o para lanzar explosivos artesanales, una modalidad que se ha extendido en distintos puntos del estado. A ello se suma la localización y activación de minas terrestres improvisadas en brechas rurales, obligando al despliegue del Ejército y la Guardia Nacional para tareas de desactivación ante la amenaza que ya ha cobrado vidas civiles y militares.
La población, atrapada entre retenes oficiales y bloqueos criminales intermitentes, vive con la incertidumbre de no saber qué camino es seguro. Productores agrícolas, transportistas y comerciantes reportan temor constante ante la posibilidad de extorsiones o enfrentamientos.
En paralelo, el desempeño de la policía municipal ha sido objeto de señalamientos públicos que van más allá de la percepción general de debilidad institucional. El nombre de Jesús “Chucho” Rangel Barajas ha sido mencionado como la mano que maneja la seguridad pública desde las sombras.
Uno de los episodios más delicados gira en torno a un caso en el que una persona asesinada en Apatzingán fue presentada en un video de interrogatorio antes de su muerte. En ese material, la víctima acusó a Rangel de autorizar o permitir que cámaras de seguridad municipales fueran utilizadas por el cártel de Los Caballeros Templarios, señalando que él tenía conocimiento y tolerancia de esas acciones.
Según esa versión, el supuesto instalador afirmó que los dispositivos colocados en postes oficiales estaban vigilados o eran accesibles para ese grupo criminal con la connivencia del mando policial. La acusación implicaría que infraestructura pública destinada a proteger a la ciudadanía habría sido utilizada para fines delictivos.
Pobladores reportan que actualmente las cámaras externas siguen instaladas en los postes de seguridad, a plena vista de todos.
A ello se suman acusaciones más amplias de corrupción y tolerancia a la delincuencia. Desde años anteriores, la Policía Municipal de Apatzingán ha venido siendo blanco de ataques armados constantes por parte de grupos criminales. En cartulinas, mantas y en testimonios diversos, se ha señalado la infiltración o connivencia de mandos policiales con organizaciones delictivas; entre ellos, el nombre de Rangel ha aparecido reiteradamente en versiones públicas.
La difusión de estos señalamientos ha impactado la percepción ciudadana en un municipio donde la confianza institucional ya era frágil.
El contexto estatal añade un elemento clave. En distintos puntos de Michoacán, autoridades estatales y federales han ejecutado operativos que derivaron en la detención de policías municipales en bloque, bajo sospecha de vínculos con el crimen organizado o irregularidades graves.
Estos precedentes envían un mensaje contundente: las corporaciones municipales no están blindadas frente a investigaciones de alto nivel. La intervención de fuerzas externas, los desarmes institucionales y la judicialización de mandos completos han mostrado que el estado puede actuar cuando existen indicios sólidos.
En ese contexto, Apatzingán y el gobierno de Fanny Arreola no serían la excepción en caso de que se acreditaran responsabilidades. Para algunos sectores ciudadanos, las detenciones previas en otras regiones representan una señal de que la impunidad no es absoluta. Para otros, son un recordatorio de la profundidad de la crisis estructural que atraviesa la seguridad pública en la entidad.
La polémica política
En medio de este clima, la alcaldesa Fanny Arreola Pichardo fue sancionada tras solicitar un narcocorrido en un evento público, pese a restricciones vigentes sobre la apología del delito en espectáculos oficiales. El gesto fue interpretado por sectores ciudadanos como una desconexión frente al momento crítico que vive el municipio. Esto no frenó a la alcaldesa para que en diciembre regalara costosas botellas de alcohol y piñatas con dinero a un grupo selecto de trabajadores del Ayuntamiento.
Mientras drones sobrevuelan comunidades, minas son desactivadas en brechas rurales y mandos policiales son señalados públicamente, la exigencia social apunta hacia mayor transparencia, investigaciones claras y liderazgo firme.
Apatzingán no solo enfrenta violencia armada; enfrenta una crisis de confianza. Entre operativos militares, acusaciones de colusión y antecedentes estatales de detenciones masivas de policías, el municipio camina sobre una línea delgada.
La pregunta que hoy recorre la Tierra Caliente no es solo quién controla el territorio, sino si las instituciones locales resistirán el escrutinio que ya ha alcanzado a otras corporaciones en Michoacán. Porque si algo han demostrado los antecedentes recientes en el estado, es que ningún uniforme ni cargo está exento de investigación.
