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MensajearCiudad de México, a 20 de diciembre de 2024.— Una nueva y explosiva polémica sacude al gobierno federal luego de que la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, fuera acusada de incitar al boicot contra empresas de Grupo Salinas, en un episodio que ha sido calificado por críticos como un uso indebido del poder público para golpear a un adversario empresarial.
El escándalo estalló tras la difusión de un video grabado durante un conversatorio político en el Congreso capitalino, donde la funcionaria puso como ejemplo de “activismo” la posibilidad de dejar de consumir servicios de empresas vinculadas al empresario Ricardo Salinas Pliego, incluyendo Totalplay, en el contexto de la disputa fiscal que mantiene con el Estado mexicano.
Empresario responde: “Es persecución política”
La reacción no se hizo esperar. Ricardo Salinas Pliego acusó públicamente a la secretaria de promover una campaña de hostigamiento político, señalando que es inaceptable que una funcionaria de alto nivel sugiera boicots contra empresas privadas mientras el gobierno mantiene litigios fiscales abiertos.
“El Estado no puede usar su poder para incitar represalias económicas contra quienes piensan distinto”, lanzó el empresario, exigiendo una disculpa pública y advirtiendo sobre el riesgo de normalizar este tipo de prácticas.
La defensa oficial
Ante la ola de críticas, Citlalli Hernández negó haber realizado un llamado institucional al boicot y aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto, insistiendo en que se trató de una conversación con jóvenes sobre formas históricas de activismo social, no de una instrucción oficial ni una política de gobierno.
Sin embargo, analistas subrayan que la investidura no se suspende al tomar la palabra, y que cualquier señalamiento selectivo desde el poder puede interpretarse como presión indebida.
Un precedente incómodo
Para críticos del gobierno, el caso revela una peligrosa confusión entre activismo político y ejercicio institucional, mientras que simpatizantes minimizan el hecho y lo consideran una reacción exagerada de un empresario acostumbrado a la confrontación.
Lo cierto es que el daño está hecho. El foco dejó de estar en los adeudos fiscales y pasó a un terreno más delicado: la percepción de que el poder público puede ser usado para señalar, presionar o castigar enemigos políticos.
