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MensajearNahuatzen, Mich., a 27 de marzo de 2026.— A casi nueve años de la masacre en la comunidad indígena de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen, el caso ha entrado en una fase decisiva: por primera vez, la justicia apunta directamente a la cúpula del poder estatal que encabezó el operativo de 2017. Entre los señalados se encuentran el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y su exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, quienes hoy permanecen prófugos de la justicia por el desvío de miles de millones de pesos de las arcas públicas.
Los hechos ocurrieron el 5 de abril de 2017, cuando un operativo de la policía estatal en la comunidad purépecha de Arantepacua dejó un saldo de cuatro comuneros muertos y al menos 44 personas lesionadas, de acuerdo con investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Sin embargo, desde entonces, habitantes han denunciado que la cifra real de heridos podría ser mayor, debido a agresiones dentro de domicilios, cateos sin orden judicial y golpizas durante detenciones.
La intervención policial fue ampliamente cuestionada por organismos de derechos humanos, que documentaron violaciones graves, entre ellas uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y actos de tortura contra pobladores.
Durante años, el caso avanzó entre señalamientos y recomendaciones sin consecuencias penales visibles para los altos mandos. No obstante, el escenario comenzó a cambiar tras la emisión de órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios del gobierno de Aureoles.
De acuerdo con autoridades y reportes recientes, tanto el exmandatario como su exsecretario de Seguridad enfrentan procesos judiciales y órdenes de captura vigentes, pero no han sido detenidos. De hecho, ambos son considerados prófugos: Aureoles desde 2025, tras librarse una orden de aprehensión en su contra, y Corona Martínez, quien incluso ha perdido recursos legales como amparos y no ha podido ser localizado por las autoridades.
Las acusaciones que pesan sobre ellos incluyen delitos graves como peculado, asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y abuso de autoridad, en el marco de diversas investigaciones que también abarcan presuntos desvíos millonarios durante su administración.
A pesar de estos avances, el caso Arantepacua sigue sin una resolución definitiva. No hay sentencias, no hay responsables condenados por la masacre, y la exigencia de justicia de la comunidad permanece intacta.
Hoy, el proceso pone a prueba algo más que la responsabilidad individual: plantea si el sistema judicial mexicano es capaz de llevar ante la ley a quienes ocupaban los niveles más altos de decisión cuando ocurrió uno de los episodios más graves de violencia estatal en Michoacán.
Para las víctimas, la respuesta sigue pendiente.
