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MensajearApatzingán, Mich., a 6 de julio de 2026.- Dieciséis años después del asesinato del periodista Hugo Alfredo Olivera Cartas, el crimen permanece sin castigo y con más interrogantes que respuestas. El homicidio del entonces editor de El Día de Michoacán y propietario de la agencia de noticias ADN se ha convertido en uno de los casos paradigmáticos de la violencia contra periodistas en México y de la incapacidad de las autoridades para esclarecer ataques contra la libertad de expresión.
La noche del 5 de julio de 2010, Hugo Olivera, de apenas 27 años de edad, recibió una llamada telefónica alrededor de las 21:18 horas. Según la información disponible, una fuente le alertó sobre un presunto suicidio en las inmediaciones de Apatzingán. Como era habitual en su labor como reportero de nota policiaca, salió solo de la redacción para verificar el hecho.
Nunca regresó.
Horas más tarde, aproximadamente a las 03:00 de la madrugada del 6 de julio, su cuerpo fue localizado dentro de su camioneta tipo pick up sobre una brecha que comunica Apatzingán con Buenavista. Presentaba tres impactos de bala calibre .32 detrás del oído izquierdo y, de acuerdo con los peritajes, sus muñecas mostraban marcas compatibles con el uso previo de esposas, lo que hizo presumir que antes de ser ejecutado fue privado de su libertad.
Uno de los aspectos que nunca fue esclarecido fue el origen de la llamada telefónica que lo llevó a salir esa noche. La geolocalización del número o la identidad de quien lo contactó jamás fueron determinadas oficialmente, convirtiéndose en una de las principales omisiones de la investigación.
El robo que reforzó la hipótesis de un crimen relacionado con su trabajo
Al asesinato le siguió un hecho que fortaleció la sospecha de que el móvil estaba ligado a su actividad periodística.
Un día después del hallazgo del cuerpo, personas desconocidas ingresaron tanto a su domicilio como a las oficinas de El Día de Michoacán y de la agencia ADN.
Los responsables no sustrajeron dinero ni objetos de valor. Únicamente se llevaron discos duros, memorias digitales y unidades centrales de procesamiento (CPU), es decir, equipos que contenían información periodística, archivos y bases de datos.
Organizaciones nacionales e internacionales defensoras de la libertad de prensa consideraron que este hecho debía ser investigado como parte del mismo crimen, al sugerir un interés por desaparecer información relacionada con el trabajo del periodista.
Una agresión previa que fue ignorada
Cinco meses antes de su asesinato, Hugo Olivera ya había denunciado una agresión por parte de autoridades.
El 18 de febrero de 2010, mientras cubría un enfrentamiento armado en la comunidad de Chiquihuitillo, sobre la carretera Apatzingán-Cuatro Caminos, fue interceptado por elementos de la entonces Policía Federal Preventiva.
Aunque portaba una playera identificada con la leyenda "Prensa" y viajaba en un vehículo rotulado como medio de comunicación, fue obligado a arrodillarse, encañonado, golpeado y amenazado.
En el testimonio que el propio periodista publicó posteriormente y que quedó integrado en el expediente del caso, narró que varios policías federales cortaron cartucho, le apuntaron con sus armas, lo tiraron al suelo y comenzaron a golpearlo, hasta que elementos del Ejército Mexicano, quienes lo conocían por su trabajo cotidiano en la cobertura de operativos militares, intervinieron para detener la agresión y ponerlo a salvo.
Olivera presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la cual se declaró incompetente por tratarse de fuerzas federales y remitió el expediente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Sin embargo, tras su asesinato, organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) denunciaron que esa agresión nunca fue considerada seriamente como una posible línea de investigación, pese a representar un antecedente directo de violencia institucional contra el comunicador.
Una investigación estancada
La entonces Procuraduría General de Justicia del Estado inició la averiguación previa 029/2010-AEH Apatzingán por homicidio calificado.
Con el paso de los años, el expediente prácticamente dejó de registrar avances.
De acuerdo con un informe entregado en 2022 por la Fiscalía General del Estado al colectivo #NiUnoMás Michoacán, la carpeta permanece archivada.
Entre las pocas líneas de investigación documentadas figura una denuncia anónima que señalaba como presunto responsable a Otilio Gómez Béjar, trabajador de una gasolinera que, según la denuncia, abandonó Apatzingán tras solicitar su finiquito laboral. No obstante, las autoridades nunca lograron localizarlo y esa hipótesis tampoco produjo resultados.
Hasta la fecha no existe ninguna persona procesada ni sentenciada por el crimen.
Un periodista dedicado a documentar la violencia
Hugo Alfredo Olivera Cartas se desempeñaba como editor de El Día de Michoacán, dirigía la agencia ADN y colaboraba con otros medios regionales dedicados a la cobertura de seguridad.
Su trabajo coincidió con los primeros años del Operativo Conjunto Michoacán, desplegado en 2006, periodo en el que Tierra Caliente se convirtió en uno de los principales escenarios de la confrontación entre organizaciones criminales y fuerzas federales.
Como muchos reporteros de la región, cubría diariamente ejecuciones, enfrentamientos, operativos militares y hechos relacionados con el crimen organizado, en un contexto donde ejercer el periodismo significaba asumir riesgos permanentes.
Un caso que simboliza la impunidad
A dieciséis años del homicidio, el asesinato de Hugo Alfredo Olivera Cartas continúa siendo citado por organismos nacionales e internacionales como uno de los ejemplos más representativos de la impunidad en los crímenes contra periodistas en México.
Lejos de esclarecerse, el expediente permanece archivado, la llamada telefónica que lo condujo a la muerte nunca fue rastreada con éxito, el robo de información periodística jamás fue resuelto y la agresión que sufrió meses antes por parte de policías federales quedó fuera de las principales líneas de investigación.
La ausencia de justicia mantiene vigente un caso que, además de haber arrebatado la vida de un joven periodista y padre de familia, continúa siendo un recordatorio de las deudas del Estado mexicano con la libertad de expresión.
**Esta nota integra información de una investigación propia, así como datos documentados en el reportaje "Para Hugo Olivera, 16 años de impunidad", de la periodista Patricia Monreal, publicado por el medio Regla de 3, además de antecedentes difundidos por organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la Alianza de Medios MX.
