Santiago de Chile, Chile, a 20 de febrero de 2026.- El exmandatario de izquierda Pedro Castillo, quien fue destituido y detenido tras intentar disolver el Congreso a finales de 2022, presentó una solicitud formal de indulto presidencial dirigida al actual presidente José María Balcázar. Castillo permanece recluido en el penal de Barbadillo, ubicado frente al Palacio de Gobierno, según reportó el diario peruano El Universo.
En la misiva, el exgobernante expone: “Señor Presidente, solicito tener por presentada esta solicitud de indulto, evaluarla bajo el principio de humanidad y, finalmente, conceder el indulto y la consecuente libertad al suscrito, honrando así la palabra empeñada y escribiendo una página de reconciliación en la historia del Perú”.
El documento hace referencia al numeral 21 del artículo 118 de la Constitución, que otorga al jefe del Ejecutivo la facultad de conceder gracias presidenciales. Castillo argumenta que su condena responde a una persecución política y no a un juicio justo.
De acuerdo con versiones previas, Balcázar habría ofrecido el indulto en la antesala del pleno extraordinario en el que fue elegido como sucesor de José Jerí; sin embargo, el mandatario ha rechazado esa versión de manera categórica.
En su carta, Castillo insiste: “Soy una víctima de un proceso judicial que, a mi criterio y al de vastos sectores de la población, constituye una persecución política bajo la apariencia de un juicio penal”. A finales de noviembre, el exmandatario fue sentenciado en primera instancia a once años y medio de prisión por el delito de conspiración para la rebelión.
Desde el inicio del proceso, su defensa ha sostenido que el mensaje a la nación emitido el 7 de diciembre de 2022 fue solo una proclama política y que, al no haberse producido un levantamiento armado, no debería permanecer en prisión.
No obstante, su situación jurídica complica la posibilidad de obtener el perdón presidencial. El reglamento vigente establece que el indulto solo puede otorgarse a personas con sentencia firme, es decir, consentida o ejecutoriada en todas sus instancias, requisito que Castillo aún no cumple.









