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MensajearNueva York, Estados Unidos, a 19 de mayo de 2026.- El exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, volvió a insistir ante una corte federal de Estados Unidos en que su proceso judicial estuvo plagado de irregularidades y solicitó nuevamente ser enviado de regreso a México, mediante una serie de cartas manuscritas remitidas esta semana al tribunal de Brooklyn, Nueva York.
Los documentos, fechados entre el 7 y el 9 de mayo y enviados a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, forman parte de la estrategia legal que el ex capo ha mantenido desde la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, donde cumple cadena perpetua desde 2019 por delitos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas.
En las misivas, redactadas en inglés, Guzmán Loera asegura que su extradición a Estados Unidos en enero de 2017 fue ilegal y sostiene que durante el proceso se vulneraron sus derechos y el debido proceso tanto en México como en territorio estadounidense.
“Soy un ciudadano inocente de México”, escribió en uno de los textos enviados al juez federal Brian Cogan, a quien también pidió revisar nuevamente su caso y reconsiderar las condiciones en las que permanece recluido.
El exlíder criminal ha enviado en semanas recientes diversos escritos al tribunal, pese a que varias de sus peticiones ya habían sido rechazadas anteriormente por falta de sustento jurídico. Aun así, mantiene una ofensiva legal con la que busca revertir su condena o, al menos, obtener mejores condiciones penitenciarias, las cuales ha calificado como “tortura psicológica”.
En otra de las cartas, Guzmán Loera solicitó autorización para recibir más visitas de su esposa y de sus hijas gemelas, además de insistir en que no representa un riesgo de fuga dentro del sistema penitenciario estadounidense.
Asimismo, reiteró que durante su juicio no se presentaron “pruebas contundentes” en su contra y acusó a las autoridades judiciales de actuar bajo una supuesta política de abuso judicial. También pidió que su expediente sea revisado bajo los criterios de la llamada First Step Act, legislación impulsada durante la administración del entonces presidente Donald Trump para modificar ciertas reglas relacionadas con sentencias y beneficios penitenciarios.
