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MensajearCiudad de México, a 10 de septiembre de 2025.- El Paquete Económico 2026 del Gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, llega con una serie de ajustes tributarios que, aunque se presentan como medidas responsables y orientadas a la salud pública, han encendido las alarmas entre analistas y ciudadanos. La razón: la mayor parte de los nuevos impuestos y aumentos recaen en los bolsillos de las clases bajas y medias, sin garantizar que esos recursos se traduzcan en crecimiento económico o en un gasto público eficiente.
Entre los cambios más relevantes destacan el aumento del IEPS a refrescos, tabaco y apuestas, la creación de un impuesto especial para videojuegos con contenido violento y el alza de aranceles a importaciones de países como China. A ello se suma una mayor retención al ahorro financiero y la eliminación de beneficios fiscales a los bancos.
Si bien las autoridades defienden estas medidas bajo el argumento de “corregir consumos nocivos” y “fortalecer las finanzas públicas”, especialistas subrayan que se trata de una política regresiva: quienes más sentirán el impacto serán los sectores con menor poder adquisitivo, mientras los grandes capitales permanecen prácticamente intocados.
Aunque el aumento al IEPS en bebidas azucaradas puede sonar saludable, pero en un país donde la canasta básica ya es costosa, terminará representando un gasto extra para las familias que destinan gran parte de sus ingresos al consumo cotidiano.
El golpe no se queda ahí. La retención a los intereses por ahorro subirá de 0.50 % a 0.90 %, encareciendo la inversión en instrumentos financieros y reduciendo el incentivo al ahorro formal. En paralelo, la eliminación de deducciones para bancos podría trasladarse a los usuarios vía comisiones y créditos más caros.
Además, el incremento de aranceles amenaza con encarecer productos de uso diario, desde electrodomésticos hasta tecnología, lo que en conjunto reducirá el ingreso disponible de millones de hogares.
El panorama económico no ayuda: México mantiene un crecimiento débil y la percepción de que el gasto público se diluye en proyectos cuestionables y programas clientelares. Así, más que impulsar el desarrollo, los ajustes fiscales parecen parches recaudatorios que no resuelven el dilema de fondo: un Estado que recauda poco en comparación internacional, pero que tampoco logra gastar bien lo que obtiene.
En conclusión, mientras el Gobierno presume disciplina fiscal, la pregunta queda en el aire: ¿a quién beneficia realmente este nuevo esquema impositivo? Para muchos ciudadanos, la respuesta es clara: no al bolsillo de las mayorías, sino a la urgencia del Estado por obtener recursos frescos, aun a costa del consumo, el ahorro y la confianza en la economía.
