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MensajearMorelia, Mich., a 05 de marzo de 2016.- La Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario, compuesta en un 98% de mujeres egresadas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, participaron en el proceso de elaboración del IX Informe de México, que se inauguró el pasado 3 de marzo de 2016 en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y que nuestro país deberá presentar en julio de 2016, en cumplimiento de las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Organizado conjuntamente por la Cancillería y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el foro tiene como objeto fomentar un proceso incluyente y participativo para la elaboración del informe y sostener un diálogo constructivo con Organizaciones de la Sociedad Civil.
Por su parte la Presidenta del INMUJERES, Lorena Cruz Sánchez, reconoció la aportación clave de la sociedad civil organizada al identificar la dimensión territorial o temática para los diferentes problemas que aquejan a las mujeres y niñas, y analizar los avances y retos para una efectiva aplicación de las disposiciones de la CEDAW.
El Foro se estructuró en dos sesiones plenarias y seis mesas de trabajo, vinculadas con los temas de las principales preocupaciones del Comité de Expertas: lucha contra la discriminación, mujeres indígenas, acceso a la justicia, armonización legislativa, empleo y educación, participación política, violencia contra las mujeres, salud sexual y reproductiva, entre otros.
Al encuentro, asistieron representantes de las Secretarías de Gobernación, Desarrollo Social, Educación Pública, Economía, Trabajo y Previsión Social y Salud; así como de la Procuraduría General de la República, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
También se contó con la participaron del Consejo de la Judicatura, la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
ALGUNAS PROPUESTAS
En dicha reunión, discutimos temas urgentes de atención en relación con las mujeres de Michoacán, tales como la DESAPARICION FORZADA: Acompañamiento de las más de 250 mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos en Michoacán. Invertir los efectos negativos de la estrategia de seguridad para las mujeres y las adolescentes y cumplir las obligaciones del Gobierno del Estado y de la Federación de diligencia debida para prevenir la violencia contra las mujeres, incluida las desapariciones forzosas y la búsqueda de los familiares de estas, las torturas y los asesinatos, en particular el feminicidio; investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de delitos, ya sean entidades estatales o no estatales, y proporcionar reparación a las mujeres que hayan sido víctimas de la violencia, independientemente del contexto y de los presuntos responsables. También, desarrollar un registro oficial sistemático de las desapariciones forzosas a fin de poder evaluar la magnitud del fenómeno y adoptar políticas apropiadas; simplificar los procedimientos existentes para activar el Protocolo Alba y la Alerta AMBER, a fin de poner en marcha sin demora la búsqueda de las mujeres y jóvenes desaparecidas, así como apoyar a las mujeres y jóvenes para buscar a sus familiares; y normalizar los protocolos de búsqueda policial;
Sobre EMBARAZO ADOLESCENTE, Garantizar el abasto de medicamentos e insumos suficientes para la prevención del embarazo adolescente, con especial énfasis en comunidades indígenas. Que el Estado garantice el acceso universal a servicios de atención de salud y a información y educación sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, en particular para las adolescentes, a fin de prevenir los embarazos no deseados y de adolescentes. Michoacán registró un incremento alarmante del índice de fecundidad adolescente de 34%, al pasar de 54.5 hijos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años de edad en 2009 a 72.9 en 2014.Solicitamos que el estado mexicano vele por que el contenido del curso e intervenciones sobre salud y derechos sexuales y reproductivos esté al día y se base en pruebas científicas, se ajuste a las normas internacionales e introduzca un programa amplio de salud y derechos sexuales y reproductivos adecuado a cada grupo de edad, como parte del programa de estudios normal de los niveles básico y secundario del sistema educativo, además de su obligación de trabajar conjuntamente esos programas con OSC que tenemos experiencia.
Que el Estado garantice la rápida aplicación de la Ley de protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos de 2012 en los planos federal y estatal a fin de garantizar la vida, la libertad y la integridad de las periodistas y las defensoras de los derechos humanos, y vele por que no sean objeto de ningún tipo de violencia
Que el Estado adopte medidas concretas, adecuadas y efectivas para prevenir e investigar los ataques y otras formas de abuso perpetrados contra mujeres periodistas y defensoras de los derechos humanos y para enjuiciar y castigar a sus autores, y adopte medidas eficaces para luchar contra la impunidad.
Que el Estado elabore una estrategia general orientada a eliminar las prácticas nocivas que discriminen contra las mujeres indígenas de las zonas rurales, en particular realizando campañas de concienciación dirigidas a las comunidades indígenas en colaboración con la sociedad civil y las organizaciones de mujeres a fin de reforzar una imagen positiva y no estereotipada de la mujer;
Que el Estado se asegure de que todos los programas y políticas destinados a eliminar la pobreza incluyan una perspectiva de género y un enfoque intercultural, a fin de eliminar la discriminación contra las mujeres indígenas de las zonas rurales
Que el Estado adopte medidas especiales de carácter temporal para tener en cuenta las disparidades que enfrentan las mujeres indígenas de las zonas rurales en su acceso a las tierras y la propiedad, y a los servicios sociales básicos, como la educación y la salud, así como su participación en los procesos de adopción de decisiones
MATRIMONIOS
Que el Estado acelere la adopción de la Ley General de Paternidad Responsable y Escuela para Padres, así como la creación del registro público nacional de deudores alimentarios morosos.
